La denuncia que lo tenía al borde del juicio político aceleró la salida de Oyarbide

Nacionales 07 de abril de 2016 Por
La denuncia que lo tenía al borde del juicio político aceleró la salida de Oyarbide La habían presentado legisladores de la UCR porque el magistrado frenó un allanamiento tras recibir el llamado de Carlos Liuzzi, por entonces segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica
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El juez federal Norberto Oyarbide les comunicó este jueves a sus colaboradores que iba a renunciar y luego se presentó ante el ministro de Justicia, Germán Garavano, para hacer oficial su dimisión. "Me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final", explicó Oyarbide al ingresar al Ministerio. Sin embargo, el magistrado no hizo referencia a una denuncia que lo había dejado cerca del juicio político.
El oficialismo en el Consejo de la Magistratura tenía los votos suficientes para que Oyarbide sea suspendido en su cargo y enviado a juicio político. La denuncia, presentada por los radicales Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, era por mal desempeño de las funciones del juez, ya que este en diciembre de 2013 suspendió el allanamiento a la financiera Propyme, de Guillermo Grepp, en una causa por lavado de dinero tras recibir el llamando de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica. La explicación era del funcionario fue que la policía estaba pidiendo coimas.
Por ese hecho, el entonces consejero Ricardo Recondo acusó a Oyarbide por realizar actos de manifiesta arbitrariedad, desconocimiento inexcusable del derecho y negligencia grave en el ejercicio del cargo. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo citó el mes pasado a Oyarbide para que dé explicaciones. El juez las hizo por escrito.
Así, el próximo paso del Consejo era resolver si avanzaba hacia el juicio político a Oyarbide. El PRO y sus aliados estaban cerca de obtener los votos: tenían ocho y solo les faltaba uno. El representante de los académicos en el Consejo, Jorge Candis, un aliado del Frente para la Victoria, había votado por la citación de Oyarbide para que de explicaciones. El Consejo ya trabajaba en el pedido de juicio político de Oyarbide.
Crédito: Adrián Escandar
El juez federal Norberto Oyarbide les comunicó este jueves a sus colaboradores que iba a renunciar y luego se presentó ante el ministro de Justicia, Germán Garavano, para hacer oficial su dimisión. "Me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final", explicó Oyarbide al ingresar al Ministerio. Sin embargo, el magistrado no hizo referencia a una denuncia que lo había dejado cerca del juicio político.
El oficialismo en el Consejo de la Magistratura tenía los votos suficientes para que Oyarbide sea suspendido en su cargo y enviado a juicio político. La denuncia, presentada por los radicales Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, era por mal desempeño de las funciones del juez, ya que este en diciembre de 2013 suspendió el allanamiento a la financiera Propyme, de Guillermo Grepp, en una causa por lavado de dinero tras recibir el llamando de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica. La explicación era del funcionario fue que la policía estaba pidiendo coimas.
Por ese hecho, el entonces consejero Ricardo Recondo acusó a Oyarbide por realizar actos de manifiesta arbitrariedad, desconocimiento inexcusable del derecho y negligencia grave en el ejercicio del cargo. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo citó el mes pasado a Oyarbide para que dé explicaciones. El juez las hizo por escrito.
Así, el próximo paso del Consejo era resolver si avanzaba hacia el juicio político a Oyarbide. El PRO y sus aliados estaban cerca de obtener los votos: tenían ocho y solo les faltaba uno. El representante de los académicos en el Consejo, Jorge Candis, un aliado del Frente para la Victoria, había votado por la citación de Oyarbide para que de explicaciones. El Consejo ya trabajaba en el pedido de juicio político de Oyarbide.
"El juez no ha podido explicar por qué a partir de un simple llamado de un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, siquiera vinculado funcionalmente al área que comanda las fuerzas de seguridad o la inteligencia, ordenó la suspensión del allanamiento en donde se denunciaban las supuestas irregularidades sin articular ningún tipo medida previa o concomitante enderezada a garantizar la preservación de las pruebas que se pretendían adquirir con el registro", sostiene un proyecto de dictamen que se estaba trabajando en el Consejo al que accedió Infobae.
"El doctor Oyarbide no ha podido dar cuenta de los motivos por los cuales omitió articular alguna de las numerosas herramientas procesales que lo asisten para situaciones como la analizada y que van desde constituirse personalmente en el lugar del registro para garantizar la corrección y validez del procedimiento, hasta requerir la presencia del fiscal actuante, encomendar dicha tarea a alguno de los secretarios del juzgado, ordenar la inmediata intervención de otra división de la Policía Federal Argentina o incluso de otra fuerza de seguridad federal, etc.; etc.", continúa el texto en el que se iba a pedir el juicio político del juez.

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