Salta: las millonarias licitaciones que el gobierno de Gustavo Sáenz le dio a una empresa fantasma

Política 05 de septiembre de 2019 Por
Pese a no tener bienes declarados y tan sólo un trabajador registrado, la Municipalidad de Salta le pagó millones a SEC S.A.
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El gobierno de la municipalidad de Salta, comandado por el intendente PRO Gustavo Sáenz, le entregó suntuosas licitaciones a una empresa fantasma, existente en los papeles, pero insolvente en la práctica, para realizar obras fuera de su actividad y para las cuales no estaba preparada. Así se desprende de una denuncia impulsada por la AFIP que derivó en una investigación de la Justicia Federal.

La compañía en cuestión es SEC S.A., una sociedad anónima que se constituyó en 1998 y cuyas acciones fueron transferidas, en total, en 2017 a Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz para, luego, darle el poder general amplio de administración y trámites bancarios a Aníbal y Alvaro Anaquin, ambos empleados públicos de Salta. Según se desprende de la investigación judicial, ambos insolventes por lo que no se pudo explicar cómo compraron el capital social de la empresa por $86.00.

Romero es jubilado desde marzo del 2013 con un ingreso de $7.264 mensuales, no es titular de bienes registrables, vive en una casa habitación y nunca salió del país pese a ser socio de SEC S.A. y de otras empresas. En tanto, Muñoz tiene sólo 24 años, vive con sus padres, no figura como empleada, ni es titular de bienes registrables. De este modo, la investigación arrojó que ambos no manifestaron tener recursos económicos para estar al frente de una compañía y se concluyó, en base a intervenciones telefónicas, que el verdadero control operacional es del empresario Matías Huergo.

Pese a estos antecedentes, la Municipalidad de Gustavo Sáenz les otorgó importantes licitaciones que llevaron a revelar un “presunto direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios provinciales – y municipales – hacia las empresas relacionadas” con Huergo. Además, se explicó que en algunos casos se invitaba a ciertas empresas, en general las mismas (Arcadio Obras Eléctricas; AVAN SAS y MATÍAS HUERGO, todas pertenecientes al nombrado) “a participar de las licitaciones, destacando el denunciante – anónimo – que los precios que se pagaban por las obras realizadas eran elevados en relación al valor de mercado”.

Más curioso aún fue que la investigación reveló que la compañía de Huergo facturó ocho comprobantes tipo B, de abril a junio de 2017, desde la propia Municipalidad de Salta. Así se constató por medio de un entrecruzamiento de datos de la AFIP y la IP de la casa de Gobierno. Éstas correspondían a Certificaciones de Obras por la provisión e instalación de farolas o luminarias en distintos puntos de la Ciudad. En esos meses, la empresa facturó un total de $8.632.540 al municipio de Sáenz.


Por estas irregularidades, se procedió a la investigación de la capacidad operativa de SEC S.A. que dejaron al descubierto más inconsistencias. La auditoría descubrió que la compañía, de abril a mayo de 2017, los meses en que realizó los trabajos, sólo tenía un empleado declarado. Era Augusto Aparicio Pereyra, con un sueldo de $10.670, que, según la AFIP, “habría tenido la titánica labor” de instalar 600 farolas y 690 luminarias. Después de ese período, la empresa declaró cuatro trabajadores.

Además de no tener la cantidad de mano de obra necesaria para llevar adelante las tareas, el análisis de las facturas receptadas por SEC S.A. reflejó que tampoco adquirió materiales para la instalación de farolas y luminarias ni, mucho menos, contrató más personal. O sea, no sólo un trabajador se encargó – supuestamente – de todas las tareas, sino que además la firma debió auto-proveerse del material por lo que se concluyó que jamás podría haber realizado tales tareas.

Por esto, la AFIP denunció: “Estaríamos frente a una firma proveedora de crédito fiscal apócrifo” usadas para, “con viso de legalidad, respetando las formas” realizar “a través de ellas negocios espurios en los que ser vería afectado el erario público municipal y las que se utilizan para la comisión de distintos delitos”.

A partir de este análisis se encontró que otras empresas vinculadas a la causa, proveedoras de la Municipalidad, también facturaron al organismo desde la misma IP que la casa de Gobierno. Son 26 compañías que emitieron comprobantes desde esa dirección pro un total de $121.645.342 entre enero de 2017 y septiembre de 2018.

La investigación llevó a encontrar otras empresas vinculadas a SEC S.A. y que también facturaron al municipio. Tal es el caso de Grupo Giro S.R.L. Una compañía vinculada a la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales y servicios de publicidad. Por el análisis realizado se concluyó que sólo les emitió comprobantes comerciales a organismos públicos, entre los que está la Municipalidad de Salta, pese a haber declarado sólo un empleado entre abril y julio de 2017 y, luego, pasar a cuatro en agosto del mismo año. Al igual que la firma de Huergo.


Otra de las empresas que saltó a la luz es Arcadio, integrada por Gerardo Rubén Romero (el mismo jubilado accionista de SEC S.A.) y Jorge Luis Bonifacio para, luego, nombrar la participación de Huergo en el capital societario de la compañía. El domicilio fiscal registrado es el mismo que el personal de Romero, una módica casa habitación, y que el de Lusal Obras y Servicios S.R.L. – otra de las firmas en la mira -.

Arcadio declaró 38 empleados en relación de dependencia y, para la AFIP, ésta no sería una empresa ficticia pero sí una sociedad en la cual sus socios verdaderos están ocultos bajo el nombre de Romero.

Finalmente, Lusal también tiene al jubilado como integrante y no posee bienes registrables, no registra acreditaciones bancarias, sólo declaró un trabajador de marzo a julio de 2017 y el domicilio fiscal es el mismo que el de Arcadio y el de Romero. Nuevamente, la casa habitación.

De este modo, se inició la investigación de una asociación ilícita fiscal que consumó delitos de evasión tributaria con facturas apócrifas y la sospecha sobre fraudes en perjuicio del municipio. Para llevar adelante el delito, se “operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de papel que ocultan sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecios, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento en su favor”. Para lograrlo, se valieron de sus lazos con otras empresas existentes o inventadas para hacer una compulsa e imitar un procedimiento de licitación legal.

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