La CGT frenó en el Senado la ley de blanqueo laboral que pide Macri

Política 10 de abril de 2019 Por
Los referentes de la central obrera faltaron a la reunión del Senado y el peronismo pidió postergarla. Unos minutos antes, los sindicatos habían logrado dictaminar una ley para proteger a las obras sociales en la justicia.
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El Gobierno volvió a chocar en el Senado con la resistencia de la CGT para aprobar la ley de blanqueo laboral: como hace un año y medio, ante la ausencia de dirigentes sindicales, Miguel Pichetto pidió estirar el debate al menos unas semanas más.

Fueron dos horas en las que la central obrera hizo lo que quiso en la Cámara alta: un rato antes, José Luis Lingeri había celebrado el dictamen del proyecto que crea la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud, dedicada a proteger a las obras sociales en la justicia.

Con la misión cumplida, el jefe de Obras Sanitarias no se interesó por caminar unos metros desde la sala Eva Perón al Salón Atrio a presenciar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Trabajo y Previsión Social, que en sólo 36 minutos debatió la ley del blanqueo y quedó lejísimos de un acuerdo. 

"Dimos el compromiso de dar quórum, pero es importante la presencia del ministro de Producción y Trabajo. Además, si esta iniciativa tiene como propósito que la gente deje de estar en negro, es básico que vengan los dirigentes sindicales", sugirió Pichetto.

Eran casi las 17, 60 minutos después de la hora de citación, y no había llegado el ministro Dante Sica ni las autoridades de la CGT. Se habían dado una vuelta los abogados de la central obrera, pero poco antes de iniciarse el plenario se fueron. Alguien los llamó.

En esas condiciones, Cambiemos intentó forzar un dictamen pero chocó con el peronismo, que sólo si hay apoyo explícito de la CGT  votará a favor. "Veníamos con toda la intención de sacar dictamen. El proyecto fue consensuado con la mayoría de las fuerzas políticas y en reuniones previas con el ministro de Producción, Dante Sica. Estaba invitada la CGT, pero no vino", se molestó un contrariado Julio Cobos.

Las autoridades de la CGT estaban invitadas a hablar del blanqueo y no quisieron ir. Unos minutos antes,  Lingeri había celebrado el dictamen de una ley que alivia la carga de las obras sociales. 

El nuevo proyecto de blanqueo laboral fue presentado la semana pasada por el senador oficialista Roberto Basualdo y replica el enviado por Mauricio Macri en 2017 y nunca se trató.

Esa vez, los gremios disidentes de la CGT salieron a la calle  para rechazar algunos intentos del Gobierno por retocar la ley de contrato de trabajo y consiguieron acobardar a los senadores del PJ, que ya habían pagado el precio de acompañar al reforma previsional. 

La nueva versión del blanqueo permite regularizar trabajadores no registrados sin pagar infracciones, multas "y sanciones de cualquier naturaleza" ni pasar a formar parte del "Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)". También se condonan las deudas por todo tipo de aportes y contribuciones sociales, un golpe a las cajas sindicales.

Según supo LPO, tampoco agrada a los gremios que el Ministerio de Trabajo pueda calcular el promedio del salario básico inicial de los convenios colectivos de trabajo, cuando deba definir los topes indemnizatorios.

"No vamos a aprobar esta ley si no aparece la CGT, que en estos días acordó una compensación con las obras sociales. Nos van a acusar a todos de vendernos", confió a LPO un compañero de Pichetto, presente en el plenario, que se complicó aún más cuando tomó la palabra Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Sostuvo que le blanqueo no soluciona los problemas de fondo, "pero saca la precariedad del aspecto laboral, genera empleos que van a tener un salario acorde, y ese salario se va a volcar en consumo".

Y luego pidió reducir las indemnizaciones "porque en las pymes, un empleado que cumple y renuncia, cobra una liquidación. Pero uno que no cumple y es despedido se lleva el sueldo de todos los demás. Una empresa con menos de 15 empleados cierra si echa a un empleado", protestó.

Se ganó la furia del peronista pampeano Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y con pasado en el sindicato de empleados de Comercio; y de Carlos Caserio, vicejefe del bloque PJ.

"Pareciera que las leyes laborales son lo único que tiene en agenda Argentina para solucionar las cosas y todos sabemos que no es así. Los empresarios tienen muchos más graves problemas: pagan impuestos y tarifas que no se pueden pagar. El trabajador es lo menos impactante", se molestó el cordobés y pidió un debate sin preconceptos.

Golpeado, el radical Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos, pidió un cuarto intermedio hasta el martes a las 10.30. Todos aceptaron.

Caricia a las obras sociales

En una reunión express, el PJ y Cambiemos firmaron dictamen del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que tendrá a cargo "la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud".

Por pedido de la CGT, el proyecto fue enviado en 2017 por Jorge Triaca, nunca se trató y el año pasado volvió a presentarlo el macrista Federico Pinedo. Lingeri asistió para celebrar su tratamiento y retar a los senadores. "Aparte de legislar se debe contemplar con que se van a financiar, porque algunos medicamentos cuestan 700 mil dólares", se quejó. Y le reconoció al gobierno haberle girado 13 mil millones de pesos. 

"La agencia no va a modificar el plan médico obligatorio (PMO). Lo que está pasando es que un médico pide un tratamiento o medicamento específico, la obra social no lo puede pagar y presentan un amparo millonario", explicó el pampeano Lovera, que conoce de cerca la administrador de la poderosa Osecac.

La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti había pedido aclarar, taxativamente, que el nuevo organismo no podrá modificar el PMO, para evitar la interpretación errónea de un juez. También propuso eliminar cualquier derecho adquirido por los afiliados.

Pero el dictamen ya había sido consensuado entre los senadores del PJ y Cambiemos e intentarían aprobarlo el martes próximo en el recinto. Hay una mayoría sólida. Y apoyo sindical.  

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