Lluvia de amparos, la estrategia K para frenar la resolución que permite fumigar cerca de las ciudades

Nacionales 11 de enero de 2019 Por
Lo anticipó a INFOCIELO Mariano Pinedo, diputado provincial por Unidad Ciudadana, que criticó la polémica resolución de Agroindustria. Las presentaciones podrían quedar a cargo de los municipios o de particulares damnificados.
fumigacion

El kirchnerismo está decidido a combatir la polémica resolución que publicó el Ministerio de Agroindustria en torno a la utilización de agroquímicos y la delimitación de zonas fumigación. Mariano Pinedo, diputado de Unidad Ciudadana, anticipó que la estrategia será generar una lluvia de amparos judiciales a través de los municipios o de particulares damnificados en cada ciudad.

La resolución N° 246 publicada por la cartera que conduce Leonardo Sarquís define en su artículo primero  como zonas de amortiguamiento a los “lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales”.

“No es un tema para regular por resolución. Se está discutiendo en la Legislatura, y en todo caso se podría resolver a partir de ordenanzas municipales porque ya hay una ley que es mucho más exigente”, expresó Pinedo a INFOCIELO.

Las zonas de amortiguamiento se definen en base a la Ley Provincial N° 8912, que permite a los municipios delimitar sus territorios en áreas rurales, urbanas y  complementarias. “La resolución dice que en los lotes contiguos, es decir los que están al lado de los pueblos, lo único que hay que hacer es aplicar buenas prácticas y no pone ninguna limitación de distancias, que es lo que creemos que hay que hacer”, opinó el legislador provincial.

Pinedo puso de ejemplo a San Antonio de Areco, localidad que representa: “Nuestra ordenanza contempla las buenas prácticas y hay una restricción de distancias mínimas para que no afecte a las zonas urbanas o a las escuelas rurales”.

El referente de Unidad Ciudadana consideró que la resolución es “un paso atrás” y anticipó que “las acciones legales serán amparos presentados por gobiernos locales o por afectados”.  

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