El veto a la ley de actualización jubilatoria expone la crisis de ingresos que atraviesan los adultos mayores.

Más de 5 millones de jubilados y pensionados están bajo la línea de pobreza, según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad. Ante ese escenario, gran parte de los adultos mayores debe recibir ayuda de los hijos u otros familiares.

En medio de la pelea entre el Gobierno y la oposición por el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, la situación de los jubilados en la Argentina es crítica. Fue uno de los sectores más afectados por la fuerte inflación del primer semestre del año.

Según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $ 800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $ 225.497,54. Incluso con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, esta cifra está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, afirmó que 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de pobreza. A esta cifra se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales, lo que agrava aún más su situación.

Semino dijo que la situación económica de los jubilados se ve reflejada en la malnutrición que sufren muchos de ellos. Señaló que entre el 80% y el 90% de los mayores son hipertensos o tienen problemas de colesterol, pero la insuficiencia de sus jubilaciones les impide acceder a alimentos adecuados para mantener su salud.

Además, enfrentan dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida.

El fantasioso número de Milei
El presidente Javier Milei anunció el veto a la ley de actualización jubilatoria que preveía un aumento de los haberes y utilizó una particular cuenta para justificar su decisión. Argumentó que el costo de elevar las jubilaciones implicaría una deuda de casi U$S 400.000 millones.

El economista del Centro de Economía Política (CEPA) Martín Epstein utilizó sus redes sociales para explicar la falacia que representa las cifras que difundió el jefe de Estado. «Milei afirma que el costo de la nueva movilidad son U$S 370.000 millones. Pero además de ser un delirio, ¿cómo llega a ese numero?», señaló.

Según fundamentó el economista, hoy el sistema tiene cerca de 7.5 millones de jubilados, mayoritariamente de la mínima. Si esa jubilación subiera a $ 317.000, cada persona jubilada cobraría por año con ese monto fijo $ 4.121.000 (12 + 1 aguinaldo).

Por año, el total de jubilaciones (asumiendo que son todas de la mínima) sería de $ 30.907.500 millones ($ 30.9 billones). Es decir que en 10 años serían $ 309 billones, que a un dólar oficial de $ 950 equivale a U$S 325.342 millones. Los 50.000 millones de diferencia son las jubilaciones que superan la mínima. «El PBI es anual, con lo cual, por año el total en realidad no llega al 5% del PBI (en lugar del 62% de Milei). Claro, pero la ley no agrega esos montos enteros, sino que ajusta sobre montos ya ejecutados, con lo cual el dibujo es a todo color…», concluyó Epstein.