Un relevamiento de CAME mostró que en julio la industria PYME dio otro salto al vacío. La lista de reclamos para el Gobierno.
La actividad de las PYME industriales mostró en julio números alarmantes dentro de una tendencia muy negativa. La actividad cayó 17.8 por ciento comparado con el año anterior y acumula siete meses a la baja.
Los indicadores fueron relevados por CAME y marcan una retracción de 18.6 por ciento en siete meses, una baja de 1.8 por ciento en julio y un uso de la capacidad insalada de 60.6 por ciento. Para colmo, 2 de ca 5 empresas admitieron dificultades para pagar salarios.
Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 414 industrias pyme a nivel federal y que contiene análisis detallados segmento por segmento.
Los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron fuertes caídas en la comparación anual, siendo los más afectados “Químicos y plásticos” (-27,5%), “Papel e impresiones” (-26,9%) y “Metal, maquinaria y equipo” (-18,2%). Son los tres que más vienen sufriendo a lo largo del año.
Radiografia de la crisis PYME: qué le piden al Gobierno
El informe de CAME contiene además una serie de reclamos al Gobierno con miras a revertir la situación. Prácticamente 6 de cada 10 pidió una reducción de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
«Las empresas consideran que una reducción impositiva podría liberar recursos financieros para mantener operaciones, invertir en crecimiento y mejorar la competitividad», señala el dossier.
Por fuera de la cuestión impositiva, empieza a surgir un pedido para que se dicten medidas que reaviven el mercado interno. Por ahora es casi marginal: sólo acapara el 13.6 por ciento de las respuestas. Otra parte de los empresarios reclamó «incentivos para la contratación de personal» (7,7% de las respuestas).
También señalaron como obstáculos para producir a la falta de ventas (casi el 40 por ciento), mientras que el 37,2% se refirió a los altos costos de producción y logísticos, el 12,2% a la falta de acceso al financiamiento y otro 5,9% a los problemas de cobranza.
En la Provincia de Buenos AIres hay preocupación, además, por las políticas que implementan otros poderes del Estado. En concreto, el avance en la Legislatura de un proyecto que encarece el pago de indemnizaciones, y la actitud de algunos tribunales de trabajo que ponen en jaque al sector de la producción.
