Cristina no consigue frenar la avalancha

Editoriales 20 de noviembre de 2016 Por
Es una pésima noticia política y judicial para la ex presidenta. El fiscal Germán Moldes pidió que al delito de encubrimiento se agregue el de traición a la Patria.
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Julio Blanck-Clarin

La Cámara de Casación se encamina a abrir la investigación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, por encubrimiento a ciudadanos iraníes en el caso del atentado a la AMIA. Es una pésima noticia política y judicial para la ex presidenta. El fiscal Germán Moldes pidió que al delito de encubrimiento se agregue el de traición a la Patria. Quizás sea el punto culminante, al menos este año, de una avalancha de malas noticias judiciales que Cristina intentó frenar con determinación, astucia y constancia. Pero no pudo.

Casación podría decidir a partir del 19 de diciembre, cuando está convocada una audiencia en la que los camaristas escucharán a las partes. Y debería ser antes de 31 de diciembre, cuando vencen las subrogancias de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, los integrantes de la Sala I que votarían por abrir la denuncia e investigar a Cristina, al ex canciller Héctor Timerman y varios sujetos más.

En la última semana se derrumbó una maniobra para dejar todo en manos de camaristas amigos, urdida por jueces, fiscales y abogados que trabajan en defensa de Cristina.

Borinsky y Hornos rechazaron el planteo de Ana María Figueroa, la tercera integrante de esa Sala y única jueza genuina de la misma, para apartarse del caso y pedirles a ellos dos que tomaran la misma actitud. El argumento eran supuestas inhibiciones y conexidades, fantasías creadas al solo efecto de proteger a la ex presidenta, tal como habían revelado y explicado en Clarín los periodistas Daniel Santoro y Claudio Savoia.

El fiscal general del Crimen Ricardo Sáenz había alertado, entonces, que “quieren armar un tribunal para no investigar la denuncia contra Cristina” .

La extensión y densidad argumental que desplegaron Borinsky y Hornos para rechazar el planteo de su colega, anticipan –según altas fuentes de Tribunales– que la decisión final a tomar no sería otra que abrir, después de casi dos años, la investigación de la denuncia que llevó a Nisman a la muerte cuatro días después de presentarla, en enero de 2015.

La Justicia ya rechazó dos veces poner el caso bajo investigación. Fue por sendas decisiones del juez Daniel Rafecas, a quien respaldaron los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. También dos veces el fiscal de Casación Javier De Luca, dirigente de la agrupación ultra K Justicia Legítima, impidió que la Cámara tratara las apelaciones de su colega Moldes. Pero ahora está de por medio el pedido de la DAIA de ser aceptada como querellante. Contra esa presentación no hay fiscal de Justicia Legítima que pueda poner obstáculo. Rafecas, Freiler y Ballestero rechazaron el reclamo de la entidad judía, pero ahora deben decidir los camaristas de Casación. Y todo puede cambiar.

Si la investigación se abre, habrá pulseada para definir qué juez se hace cargo. Claudio Bonadio ya pidió quedarse con el caso, porque en su juzgado está avanzando una causa paralela por traición a la Patria contra Timerman, a propósito del bochornoso e inexplicable pacto con Irán.

Los amigos de Rafecas dicen que si le dan la causa no la rechazará, pero que dejará en manos del fiscal Gerardo Pollicita toda la investigación. Pollicita le había pedido cincuenta medidas de prueba a Rafecas, pero éste cerró dos veces el caso sin abrir investigación alguna.

Conocedores de la entretela judicial dicen que es probable que Casación, si abre el expediente, decida apartar a Rafecas por la sencilla razón de que el juez ya demostró tener posición tomada en el tema. Si esto ocurre, pueden delegar directamente el caso en otro juez o mandarlo a sorteo. Ninguna variante impide la reiteración del reclamo de Bonadio, a quien se ve como probable investigador de la denuncia de Nisman. Otra contrariedad para Cristina.

La tormenta de malas noticias para la ex presidenta, anticipada en estas páginas hace cuatro semanas, se vino descargando con puntualidad implacable.

El 31 de octubre Cristina fue sometida por primera vez a declaración indagatoria en un caso de corrupción. El juez Julián Ercolini la citó por la causa que investiga la monumental cesión de obra pública al empresario, socio y testaferro K, Lázaro Báez. Los fiscales aseguran que en este caso existió una asociación ilícita para saquear al Estado. El segundo procesamiento de la ex presidenta parece estar a un paso.

En el caso Los Sauces el juez Bonadio ordenó un operativo para tasar la casa de Cristina en Río Gallegos y días después pidió una tasación de sus propiedades en la Capital.

En el caso Hotesur la Sala I de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Ballestero y el subrogante Eduardo Farah y la oposición de Freiler, mantuvo el embargo sobre los 5.696.144 dólares hallados en una caja de seguridad y una cuenta bancaria a nombre de Florencia Kirchner.

Pasó algo desapercibida, pero Cristina recibió otra mala noticia judicial en estos días. Angelina Abbona, quien fuera procuradora del Tesoro –o sea jefa de los abogados del Estado– entre 2010 y 2015, fue citada a indagatoria por el juez federal Sergio Torres, según publicó en el sitio Infobae el periodista Omar Lavieri. Abbona está acusada por peculado de servicios. Lo hizo el fiscal Moldes por haber utilizado recursos estatales en defensa de Cristina ante la denuncia de Nisman, cuando la Procuración está para defender al Estado y no a los funcionarios.

Hace una semana la Sala II de la Cámara Federal, con votos de Martín Irurzun –presidente del tribunal– y Farah, decidió confirmar el procesamiento de la ex presidenta por administración fraudulenta en el caso del dólar futuro. Furiosa, Cristina reclamó ser enviada de inmediato a juicio oral bajo el supuesto de asumir una defensa pública –seguramente heroica– de sí misma. El juez Bonadio se tomó el tiempo procesal necesario para rechazar el pedido por “impertinente, extemporáneo y carente de estilo”. También sostuvo que el pedido de Cristina era, simplemente, una “alegación política”.

Es curioso, pero basándose en argumentos similares –el puro contenido político y la debilidad jurídica– quizás el juez Rafecas pronto rechace el pedido presentado el jueves por siete diputados ultra K contra el presidente Mauricio Macri, el ministro Alfonso Prat-Gay y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por administración infiel en perjuicio del Estado. La denuncia se basa en el “excesivo endeudamiento de la economía” y el presunto uso abusivo de la emisión de Lebac, que son letras del Banco Central.

En el juzgado de Rafecas se mostraron sorprendidos por la presentación, que pretende ser una denuncia en espejo con la del dólar futuro. “Es como admitir que el manejo del dólar futuro fue un delito, pero que ellos no fueron los únicos delincuentes” señalaron.

Sin embargo, recordaron también que el mismo basamento, esto es la extrema fragilidad de pruebas presentadas y sólo un alto contenido político, habían motivado a Rafecas a rechazar dos veces la apertura a investigación de la denuncia de Nisman contra Cristina. El Derecho es así: cada uno elige qué mitad de la biblioteca prefiere en cada caso.

Mientras tanto Bonadio, quien a propósito de la causa del dólar futuro había puntualizado el jueves que no había condiciones procesales que hicieran pensar ahora en una posible detención de Cristina; un día después la convocó a presentarse el viernes próximo en su juzgado de Comodoro Py para notificarle cuestiones protocolares del proceso antes de que sea elevado a juicio oral.

El juez ya avisó: cuando Cristina concurra a los tribunales personal del Servicio Penitenciario le tomará sus huellas dactilares. Feo momento. Demasiado alegórico.

El problema para Cristina son los hechos, pero también el contexto.

Hace tres semanas la Corte Suprema presentó una base de datos sobre expedientes en los que se investigan delitos de corrupción contra el Estado. El informe, que es una herramienta de trabajo para jueces y fiscales, consignó que hay 487 causas abiertas en los doce juzgados y la Cámara Federal de la Capital. La abrumadora mayoría son del tiempo de poder kirchnerista. En ocho causas está involucrada Cristina.

Aquella presentación fue hecha por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al cierre de la Conferencia Nacional de Jueces. Allí hubo un panel específico sobre corrupción donde estuvieron sentados, entre otros, el juez Bonadio y el camarista Borinsky.

Es la avalancha.

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