La decisión de Jorge Macri de saltar de la intendencia de Vicente López a una candidatura como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promete poner en apuros al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, que tendrá que definir si ratifica el fallo de los jueces electorales que el lunes habilitaron su candidatura. Si bien el macrismo tiene mayoría automática en el TSJ, ese cuerpo tiene un antecedente que podría ir en contra de los intereses del primo de Mauricio Macri: en 2010 los supremos porteños vetaron una potencial postulación de Adrián Pérez, entonces aliado de Elisa Carrió, porque había alternado su residencia entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto Vanina Biasi, del Partido Obrero (PO), como Eugenio “Nito” Artaza –que tuvo intención de disputar la Ciudad en el armado que encabezaba Daniel Scioli– recurrieron el fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad, que el lunes había sostenido que Jorge Macri puede competir como precandidato a jefe de gobierno porteño. “Espero que el TSJ pueda revertirlo porque éste es un caso escandaloso, un favor de la Justicia hacia un sector político”, le dijo Artaza a Página/12 después de firmar el recurso.

Artaza, Biasi y Juan Pablo Chiesa (Aptitud Renovadora) habían impugnado la candidatura de Jorge Macri porque entienden que no cumple con el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que establece como requisitos “ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”. Sin embargo, los tres integrantes del Tribunal Electoral, Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici, dijeron que estaba habilitado porque la Constitución no establecía que los cinco años debían ser los “inmediatamente” anteriores a la elección.

En su esforzado fallo, los tres jueces electorales dijeron que Jorge Macri había vivido más de 40 años en la Ciudad. El primo del expresidente aduce que residió en la Ciudad entre 1965 y 1997 y que retornó en 2015, pese a que, para entonces, ya ejercía como intendente de Vicente López. El argumento que dieron sus abogados –y que receptó el Tribunal Electoral– es que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires exige que el intendente tenga domicilio en territorio bonaerense, pero no demanda que resida allí.

Es incluso curioso el dato de que retornó a vivir en la Ciudad en 2015 porque su pareja, la periodista Belén Ludueña, le concedió en 2021 una entrevista a la revista Hola. En ese reportaje Ludueña contó que convivían con Jorge Macri desde marzo de 2020 y mostró el espacioso departamento de La Lucila, Vicente López.

El fallo del Tribunal Electoral ya fue apelado. La decisión quedará en manos del TSJ, que tiene un antecedente que parece ir en contra de los intereses del primo del expresidente. En 2010, Adrián Pérez presentó una acción declarativa de certeza: quería saber si podía competir el año próximo como candidato para jefe de Gobierno porteño. Pérez era entonces diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y vivía entre la Ciudad y el distrito de Azul, donde estaba instalada su familia. El TSJ le contestó que la residencia alternada no podía ser computada a los efectos del artículo 97 de la Constitución local.

De la conformación del TSJ que entonces votó en contra de los intereses de Pérez –que tendría que haber competido contra Mauricio Macri, de haber logrado sortear el veto judicial–, solo quedan dos integrantes: Luis Lozano y Alicia Ruiz. Los dos jueces se habían inclinado por no aceptar la acción declarativa de certeza de Pérez.

Los otros tres miembros del TSJ tienen aceitados vínculos el macrismo. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación después de que logró forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Weinberg y Macri se habían conocido en el gimnasio y evidentemente la sintonía fue inmediata. El otro integrante es Santiago Otamendi, que fue el segundo de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos. La tercera jueza es Marcela De Langhe fue, además, directora del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP), la institución encargada de la formación de la policía de la Ciudad y que saltó a la fama en los últimos meses porque era donde estaba contratada la jueza federal María Eugenia Capuchetti mientras investigaba el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

En paralelo, Biasi presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que diga si Jorge Macri puede ser candidato. Los supremos le pidieron que opine al procurador general interino Eduardo Casal. En el Ministerio Público dijeron a este medio que el dictamen podría conocerse en los próximos días. La tendencia indicaría que Casal les va a decir a los cortesanos que el tema no es de su competencia.

“Acá ha pasado algo muy grave: por primera vez en muchísimos años se establecen reglas diferentes para los actores que tienen que presentarse a competir en la contienda electoral de la Ciudad”, dice Biasi. Para la dirigente del PO, hay una única explicación para que el PRO, que gobierna la Ciudad hace 16 años, tenga un candidato flojo de papeles. “Mauricio Macri solo le tiene confianza a su primo para cuidar la 'caja' para sus intereses políticos”, afirma.

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