La Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisible" el recurso extraordinario federal con el que la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner buscó llegar a la Corte Suprema para cuestionar la intervención de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en la revisión de la sentencia del caso conocido como Vialidad. La defensa de la vicepresidenta, a cargo de Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy, aún podrá recurrir "en queja" al máximo tribunal.

De quedar firme esta resolución, los jueces Hornos y Borinsky, miembros de la Sala IV de Casación, integrarán el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Báez. La decisión de este martes fue adoptada por unanimidad por los propios miembros de la sala IV junto al magistrado Diego Barroetaveña.

En esa sala estaban radicados, desde mayo de este año, los recursos de las defensas contra las condenas impuestas a la vicepresidenta, al empresario Lázaro Báez y a José López, entre otros exfuncionarios, por el delito de fraude a la administración pública y el recurso del fiscal Diego Luciani contra la absolución por el delito de "asociación ilícita", por el que había acusado a los condenados durante el juicio.

Cuando ingresó la causa a Casación, la defensa recusó a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo.

Ese planteo fue denegado y la defensa intentó diversos recursos para forzar la intervención de una sala distinta a aquella que resultó sorteada, pero todos fueron rechazados. En esta última oportunidad, tal como solicitó el fiscal del caso ante la Casación, Mario Villar, el tribunal denegó el recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise la integración.

En sus presentaciones, Beraldi y Llernovoy sostuvieron lo que se reiteró y acompañó con testimonios y prueba durante el juicio oral: que no hubo ni un solo testigo que mencionara que Cristina Kirchner tuviera alguna intervención en las obras de Santa Cruz, que no existió ni una orden ni un correo electrónico sugiriendo alguna medida o un favoritismo en las licitaciones.

Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Pero, además, los testigos -empresarios, incluyendo al primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra- sostuvieron que era lógico que Lázaro Báez ganara 52 de las 81 licitaciones porque era la constructora radicada en la provincia con más personal y maquinaria. El mismo fenómeno se repetía en otros distritos.

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