Un análisis de agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrió que, entre 2020 y 2022, una empresa radicada en la ciudad santafesina de Reconquista subfacturó en USD 5.392.666 sus exportaciones de productos derivados del algodón y girasol. Según fuentes del mercado, se trata de una firma estrechamente vinculada al grupo Vicentin.

Mediante intercambios de información con otras Aduanas, el organismo que dirige Guillermo Michel constató que, durante el período mencionado, las mercaderías en cuestión habían sido importadas a Brasil y Uruguay, según los registros de esos países, a valores sensiblemente superiores a los declarados en la Argentina. Las diferencias observadas ascienden al 70% en las exportaciones a Uruguay y al 55% en las que tenían como destino Brasil.

La Dirección General de Aduanas sostiene que la operatoria consistió en ventas sucesivas simuladas en las que se apeló a los intermediarios para ocultar lo que, en rigor, no eran otra cosa que ventas directas. El análisis señala que existirían vinculaciones de índole funcional entre la firma santafesina y las refacturadoras.

Vínculos con Vicentin

La empresa denunciada, según señalaron fuentes del mercado, es Buyatti SAICA, instalada en el Parque industrial Reconquista, localidad del norte de Santa Fe. Ciudad melliza con Avellaneda, donde está ubicada la planta madre y la sede administrativa de Vicentin.

Como Vicentin, Buyatti también nació como empresa familiar, pero en 1943, dos décadas después que la primera. Pero no es ese el único factor en común. Daniel Buyatti, miembro de la tercera generación en la empresa (nieto de uno de sus fundadores), ex presidente de la sociedad, está casado con una de las descendientes por línea directa de los Vicentin fundadores de la empresa. Además, la planta principal de molienda de Buyatti, en Puerto General San Martín, trabajó durante muchos años "a fasón" (cesión de la planta para que Vicentin moliera sus propios granos y se llevara el producto obtenido, a cambio del pago del servicio de uso de planta). 

A través de esos vínculos múltiples, Daniel Buyatti llegó a tener un rol relevante en la empresa Vicentin como directivo y en algún momento incluso como presidente. Pero esa misma relevancia fue lo que terminó involucrándolo en la causa por estafas y defraudación iniciada por un grupo de acreedores de Vicentin tras la cesación de pagos en diciembre de 2019. 

Daniel Buyatti, junto a otros 11 directivos de Vicentin, fue imputado primero por los delitos de defraudación y estafas, en octubre de 2021, y hace apenas un mes imputado por "asociación ilícita en carácter de autores", en la causa radicada en la Justicia Penal de la ciudad de Rosario.

Los otros imputados en la misma causa son Alberto Macua; Roberto Gazze; Máximo Padoan; Cristian Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Omar Scarel; Javier Gazze y Miguel Vallaza.

El fiscal de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Miguel Moreno, los consideró responsables de realizar maniobras con los balances de Vicentin SAIC, para ocultar la verdadera situación financiera de la empresa. En concreto, según la acusación, la compañía continuó recibiendo granos de sus clientes y obtuvo créditos para prefinanciación de exportaciones del Banco Nación hasta unos días antes de caer en default.

Penas de prisión y multa millonaria

Volviendo a la nueva causa por contrabando, la denuncia de la Aduana se encuadra en los artículos 863 y 864 del Código Aduanero, por lo cual podrían caber penas a los responsables de hasta 8 años de prisión. En los términos del artículo 876 de la citada normativa, la Aduana pretende una multa mínima de USD 69.928.714,27.

El objetivo de la maniobra irregular era ahuecar la base imponible de las operaciones y evitar la debida liquidación de divisas en nuestro país. En ese marco, la Aduana denunció penalmente a la firma ante el Juzgado Federal N˚1 de Santa Fe.

Concretamente, están bajo la lupa exportaciones de pellets de semillas de algodón, pellets de harina de girasol y aceite de algodón que fueron realizadas en forma directa a los países vecinos, pero refacturadas a través de intermediarios radicados en EE.UU. e Islas Vírgenes.

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