Las empresas productoras de alimentos y productos de la canasta básica le blanquearon al Gobierno, con acciones directas, que están entrando en una especie de guerra fría que desafía cualquier intento oficial por ordenar los precios. Según la información exclusiva a la que accedió Página I12, los grandes supermercados están rechazando listas de precios de productos básicos con subas de entre 20 y 45 por ciento, muy por encima del 3,2 por ciento que acordaron esas mismas empresas con el Gobierno Nacional en el marco de Precios Justos. 

Precisamente por ese rechazo de listas que hacen los comercios nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), el cumplimiento de la pauta de Justos en los híper es cercana al 98 por ciento; mientras que por fuera de las grandes cadenas los comercios barriales no tienen espaldas para decirles que no a las listas de las grandes marcas, y terminan vendiendo más caro obligadas. 

Este comportamiento, luego de varios meses del cambio de ministro de Economía y diferentes acuerdos mediantes, tiene un componente político: las empresas observan, como pasó ya en gestiones anteriores, que el oficialismo tiene algo más de 6 meses de gestión y le queda poco poder para resistir los embates de las firmas que nuclean la producción de alimentos. Sobre esa debilidad, presionan con subas de precios mayores, algo parecido al procedimiento que tuvieron esas mismas compañías hacia finales del Gobierno de Mauricio Macri. 

La nómina de listas rechazadas por los hipermercados son varias. La azucarera Ledesma, de los Blaquier, pasó aumentos del 40 por ciento. El sector harinas en su conjunto, donde conviven AdeccoAgro, Molinos y Cañuelas, listas con subas de 22 por ciento. Mientras que las arroceras pidieron aumentar un 45 por ciento. Más allá de que estas dos últimas subas son superiores a lo permitido por el Gobierno, se comprende un mayor impacto por el golpe que produjo la sequía. 

Pero hay otros casos que muestran cómo las empresas están enfrentando al Gobierno con aumentos. Hubo subas muy por encima de la media por parte de la alimenticia Mondelez (Ex Kraft) y de la cervecera Quilmes, que lo hicieron via caídas de promociones a los comercios, que supone un aumento de precios. Lo mismo hizo Procter and Gamble, la empresa de higiene y limpieza. Por el lado de Quilmes, aclararon a este diario que no es real que hayan bajado promociones, sino que "se sostienen". 

Por su parte, la láctea Milkaut informó a las cadenas que "el 3,2 del Gobierno no nos sirve" y pasó listas con subas superiores al 9 por ciento. Arcor, en esa línea, pasó listas con subas del 5 por ciento, mientras que Bodegas Balbo (Los Haroldos), pasó aumentos del 9 por ciento.

Vale decir que el ministerio de Economía, vía la Secretaría de Comercio Interior, dispuso un sendero de estabilización de precios que se acordó con las empresas. En un principio fue del 4 por ciento de aumento máximo permitido y luego se bajo a 3,2 por ciento, ante la intención oficial de alinear a la baja expectativas inflacionarias. Si bien el acuerdo era voluntario, todas las mismas firmas que hoy aumentan se comprometieron con Sergio Massa a no subir más que la pauta oficial. Hoy, el paraguas que frena la aplicación de esas alzas que pasan las alimenticias son los mismos hiper nucleados en ASU (Coto, Cencosud, Carrefour, Chango Más, entre otros), por eso hay precios más baratos en las grandes cadenas. 

Pero esas mismas listas que los super grandes rechazan, son presentadas por las alimenticias en comercios barriales que, por no tener espalda financiera y necesitar volúmen de mercadería, se ven obligados a tomarlas y, en consecuencia, a vender más caros los mismos productos que los hipermercados venden a precio regulado. Fuentes de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires aseguraron a este diario que en los barrios el precio de la harina subió hasta 50 por ciento. Y lo mismo ocurrió con los derivados como las galletitas, que desde enero aumentaron a ritmo de 10 por ciento mensual. Ese mismo porcentaje aumentaron los fideos secos. 

El gran problema del Gobierno es que, más allá de la disputa que le plantean las empresas no cumpliendo los acuerdos, el hecho de no ser efectivo el Estado en el monitoreo de lo que pasa afuera de los hiper, en los barrios, no solo le pega más al bolsillo de los que menos tienen sino que es central para que el IPC del INDEC siga dando subas muy fuertes en alimentos.

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