“El Tribunal Oral le dejó un gran problema a la Cámara de Casación. No será fácil que confirmen la condena de Cristina”. La frase del abogado de CFK, Carlos Beraldi, sintetiza los insólitos agujeros, las increíbles contradicciones que deja el fallo dictado en diciembre pasado, tras una instrucción igual de catastrófica, a cargo de Julián Ercolini, uno de los jueces del contubernio de Lago Escondido. Este año, 2023, habrá una durísima batalla para que la revisión de la condena no la hagan los jueces de Casación que visitaban Olivos y la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri. 

Por supuesto que todas las defensas van a recusar a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, entre otras cosas porque ya opinaron 100 veces sobre todo el irregular proceso. Por ejemplo, la dupla convalidó que sigan el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Rodrigo Giménez Uriburu, ambos integrantes del Liverpool que jugaban en la quinta de Mauricio Macri. También marcaron el siga-siga para el perito Eloy Bona que tuiteó en 2017, por ejemplo, “les pedimos a Cristina y De Vido presos”. Ese fue el perito imparcial que dictaminó -en realidad, hizo un papelón en el juicio- respecto de sobreprecios. 

La condena y Lago Escondido

Los jueces Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso cumplieron con el trámite casi rutinario que se esperaba de ellos después de tantos y tantos encuentros al estilo de Lago Escondido, en que se sella la trama judicial-política-mediática alineada con Juntos por el Cambio. Debían redactar una condena y eso hicieron. 

El problema fue que en los tres años de juicio naufragaron groseramente los fiscales Luciani y Sergio Mola por lo cual, al final, los jueces tuvieron que basarse en otras causas para dibujar una condena. En realidad, venían también de una fraudulenta instrucción del juez-Lago-Escondido-Ercolini, que en tres años no hizo una sola pericia. Es decir, que acusó por fraude al estado y no mandó a hacer el más mínimo estudio para ver en qué y en cuánto consistió el fraude.

En el camino, quedan varias preguntas por formularse:

1.- ¿Cuál es la base de la condena de CFK?
En las ocho páginas que el Tribunal entregó como adelanto de sus fundamentos, lo sustancial es que “la obra pública de Santa Cruz fue sistemáticamente adjudicada a Lázaro Báez” y que eso significó “un beneficio ilegítimo para CFK”. ¿Por qué? “Porque tenía vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Báez”. El problema es que eso ya se trata en otra causa, Hotesur-Los Sauces, en que CFK -al menos por ahora- está sobreseída. 

O sea, como en el juicio por las rutas de Santa Cruz no encontraron nada, la condenan por otra causa en la que está sobreseída. Pero, además, en esa otra causa, está probado que los alquileres de la familia Kirchner a Lázaro Báez -dos hoteles- fueron a precios de mercado, en blanco, pagados con cheques o transferencias, declarados en la AFIP, es decir que no encerraron ninguna transferencia ilegítima de dinero.

2.- ¿En qué sustentan en que Báez fue favorecido “sistemáticamente”?
Los jueces admiten que todo el proceso fue en Santa Cruz: las licitaciones, adjudicaciones, control y pagos. Pero afirman que “hubo cartelización” y que “las obras hubieran podido ejecutarse con participación de otras empresas”. Como se sabe, las constructoras de Báez ganaron 51 de los 81 tramos de rutas. En todos los casos fueron licitaciones, que nunca fueron objetadas por las otras empresas competidoras. La acusación de cartelización fracasó durante el juicio: en verdad pasaba lo contrario, Báez no pactaba con las otras constructoras y presentaba ofertas más bajas. 

Los empresarios que testimoniaron en el juicio, incluyendo el primo de Macri, Angelo Calcaterra, dijeron que Báez tenía ventajas por ser de Santa Cruz, tener el personal, las maquinarias allí, el know-how de construir en ese clima y, por ejemplo, saber de dónde sacar la piedra para las rutas. Habiendo sido el gerente general del Banco de Santa Cruz también tenía conocimiento de la administración y los funcionarios provinciales. 

Por otra parte, una concentración parecida de la obra pública se vio en muchísimas provincias, en que un grupo reducido de empresas se quedó con la mayoría de las licitaciones. Eso es así especialmente en las provincias más lejanas del Gran Buenos Aires: en Tierra del Fuego, dos empresas locales, Tres Arroyos y Gancedo, se quedaron con la casi totalidad de las obras. En Formosa, cinco constructoras se adjudicaron el 80 por ciento de los tramos. En Chubut, seis empresas obtuvieron el 85 por ciento de lo construido. Por supuesto que en el mundo de las empresas se conoce esa realidad y muchas veces no se presentan a licitaciones porque consideran que esas provincias están “blindadas” y, además, no quieren mover su personal y maquinarias tan lejos.

3.- ¿Cristina intervino de alguna manera en la obra pública de Santa Cruz?
No. Nuevamente los fiscales y los jueces tuvieron que recurrir a otra causa judicial. Como en el juicio no se exhibió ni un mensaje, ni un correo electrónico que diera indicaciones desde la presidencia ni apareció un testigo que afirmara que le sugirieron algo, lo que pusieron en el fallo es que se encontraron en el celular de José López tres mensajes en que Báez pedía reuniones con Cristina. Fue el 25 de noviembre de 2015, cuando CFK ya dejaba la Casa Rosada. 

En aquel momento, Báez reclamaba pagos para, a su vez, poder pagar sueldos. Había una gran crisis en Santa Cruz por la inminente paralización de las obras. Al final, a Báez no se le pagó nada. Pero, por otra parte, la vicepresidenta reveló que había cientos de mensajes de López con empresarios macristas y apenas tres con Báez, es decir que la intimidad era con constructores ligados a Juntos por el Cambio. Lo más insólito es que los jueces afirman que esos tres mensajes prueban que hubo intimidad con Báez durante todo el mandato de CFK, algo que se demostró falso en el juicio.

4.- ¿Cómo absolvieron a Julio De Vido y condenaron a Cristina?
En cierto sentido ocurrió algo parecido a lo de CFK: no encontraron ni un mensaje ni un correo electrónico ni hubo un testigo que afirmara que De Vido dio alguna instrucción respecto de las licitaciones de Santa Cruz. Y, además, los jueces sostienen que no se benefició con el hecho de que Báez ganara obras. 

La absolución de De Vido desnuda la arbitrariedad de la condena a CFK, porque exhibe que no hubo intervención de la Casa Rosada ni del gobierno nacional. El manotazo desesperado de los magistrados consiste en decir que el intermediario no fue De Vido sino López, pero no hay mensajes ni evidencias de ese vínculo entre CFK y López y entre López y Báez. En los tres años de juicio, los fiscales ni siquiera mencionaron esta hipótesis.

5.- ¿Qué quedó afuera de la condena?
Algunos de los hits mediáticos quedaron al margen de lo que adelantaron los magistrados. No hay mención a obras que no se hubieran hecho; nada se dice de tramos que se pagaron y no se construyeron; silencio total respecto de rutas que supuestamente iban a ninguna parte. También naufragó la asociación ilícita, el delito con el que pretendían darle el carácter de banda a un gobierno votado por la gente. El argumento es que “no hay multiplicidad de delitos”, pero la realidad es que no encontraron la menor relación entre la mayoría de los imputados. La base mediática de toda la acusación quedo en la nada, aunque puso en marcha el proceso y la condena fraudulenta.

6.- ¿Hubo un papelón con las cifras?
Muestra lo que fue el proceso. Los jueces dicen en la página 5 del anticipo que “la complejidad del plan criminal no permitió cuantificar pecuniariamente” el perjuicio para el estado. Pero en esa misma página 5 aseguran “la existencia de sobreprecios en tres de las cinco obras peritadas”, algo que no se probó para nada en el juicio. Y, además, el total de tramos cuestionados es de 51, ni tres ni cinco. Nadie sabe cómo hicieron el cálculo, pero en el fallo mismo sostienen que el perjuicio es de 84.000 millones de pesos, aunque debe hacerse un recálculo. Queda en evidencia cómo dibujaron todo.

7.- ¿Cómo son las batallas que vienen?
Habrá que esperar los fundamentos, entre mil y tres mil páginas, el 9 de marzo de 2023. Ahí se aplicará la frase de Beraldi, que se podría traducir así: “Es tan malo el fallo, que la Casación tendrá que hacer un gran esfuerzo para convalidarlo”. La apelación es, en principio, a la Sala IV de la Casación, en la que conviven Hornos, Borinsky y Javier Carbajo. Los tres serán recusados, en esencia porque convalidaron todo el proceso irregular de la causa. 

De todas maneras, no se puede desconocer la trama que se vio en Lago Escondido, en el Liverpool y en las visitas a jugar al paddle en Olivos o los encuentros clandestinos con Macri en Casa Rosada. O, el pantano en el que meten las causas como el intento de matar a Cristina y las andanzas de Gerardo Milman. El trasfondo ya está muy expuesto.

El modelo de utilización de la justicia para la política ya se vio en Brasil con Lula o en Ecuador con Rafael Correa. La diferencia tal vez la hace la tradición de movilización que existe en la Argentina. No es poco. La última palabra no está dicha. 

* Esta nota fue publicada originalmente el 10 de diciembre de 2022.

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