La presencia del sindicato de Camioneros dentro de sucursales de cadenas de supermercados con el objetivo de vigilar que no aumenten los precios de los productos de la canasta, ya trajo consecuenccias y promete causar un auténtico temporal político.

Luego de que grupos afines al sindicalista Pablo Moyano irrumpieran en locales en una movida que varios sintieron como amenazante, las voces contrarias y las críticas no demoraron en llegar desde diferentes sectores políticos locales.

Entre ellos, el que más ruido ha hecho es el reclamo de Elisa Carrió.

La titular de la Coalición Cívica se mostró muy dura contra lo hecho por los Camioneros y apuntó directamente contra el Gobierno Nacional. La dirigente manifestó públicamente que denuncia penalmente al ministro de Economía, Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien fue el único que se mostró a favor de la polémica intervención del gremio de los Moyano.

Para Carrió, la participación de los dirigidos por Moyano en el seguimiento de los índices de los productos es similar a la función de grupos parapoliciales, y apuntó contra el Frente de Todos por estar "quebrando el estado de derecho, incitando a la violencia".

La UIA también contra Moyano
El malestar por la incorporación de Camioneros al control de precios crece y las críticas de Carrió se suman a los cuestionamientos del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

"Es una función indelegable del Estado", planteó al tiempo que explicó que COPAL "respeta el estado de derecho", pero aclaró que ni la entidad que preside puede arrogarse "la función de controlar, ni puede incluirse a terceros con intereses particulares. El control es una función indelegable del Estado".

En la misma línea, profundizó su mirada crítica sobre el desembarco de los Moyano en el área: "Si hablamos de un Estado presente, es necesario que el Estado controle, tercerizar esa función genera una mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses".

Otras quejas
La titular del PRO, Patricia Bullrich, repudió la medida respaldada por Tombolini, quien ratificó la intervención gremial. "Si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos", sostuvo el secretario.

"¿Realmente creen que se combate la inflación metiendo a los patoteros de Moyano en los supermercados? Se combate dejando de imprimir billetes y reduciendo el gasto público", retrucó Bullrich.

Desde la Secretaría de Comercio señalaron "el Sindicato de Camioneros participó de operativos que hicimos en centros de distribución de supermercados para controlar el arribo de las mercaderías de las empresas proveedoras y que coincidieran con el remito que nos daba el supermercado para chequear cuestiones de abastecimiento. Por supuesto que el control es una facultad indelegable de la secretaría de comercio, Camioneros no controla pero nos brinda información sobre los temas que se hicieron en el operativo".

Respecto de las organizaciones sociales Comercio tomó cierta distancia: "No trabajamos directamente con ellas. Hace tres meses hubo una reunión donde se charló de la posibilidad divulgar entre las organizaciones la aplicación de Precios Justos, que permite entre otras cosas denunciar ante la Secretaria faltantes. La posibilidad de divulgar la aplicación y el uso de ella es lo que se conversó con estos sectores.