El Gobierno de la provincia anunció la construcción de más de 600 viviendas en Guernica, en terrenos cedidos por desarrolladores privados a través de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, para así intentar resolver el problema habitacional que derivó en el conflicto de la megatoma de tierras.

Desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano que conduce Agustín Simone lanzaron el llamado a licitación pública para la construcción de 693 viviendas y destacaron "la importancia de contar con un organismo que ponga en valor las políticas habitacionales con una mirada integral del hábitat".

De esta manera la construcción de estos nuevos hogares se suma a las 160 casas que ya se están haciendo en el mismo predio en el que se proyecta un barrio de 853 viviendas y que además contará con escuelas, una comisaría, un centro de salud y espacios verdes.

En ese sentido desde la cartera dirigida por el ministro Simone señalaron que es "importante recordar que, con la toma de tierras de 2020, se realizó un trabajo articulado entre varios organismos provinciales y el municipio de Presidente Perón, para asistir a las familias" por lo que este es "un paso fundamental para que desde el Ministerio se desarrolle el proyecto para la construcción de este barrio, que se suma a las más de 9 mil viviendas que tiene en marcha la Provincia en todo el territorio".

El barrio de más de 800 viviendas que la Provincia proyectó en Guernica

La toma de Guernica, el desalojo y las negociaciones
A mediados del 2020, unas 2 mil familias provenientes de diversos distritos bonaerenses ocuparon un predio de 200 hectáreas en Guernica.

Fue a principios de septiembre de ese año, cuando los dueños del predio radicaron la denuncia ante la justicia. La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N°8 a cargo de Martín Miguel Rizzo, y con intervención de la fiscalía N°1 de Presidente Perón bajo la órbita del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

A principios de ese mes Rizzo ordenó el desalojo del predio que contó con situaciones de violencia y enfrentamientos con la policía bonaerense. Un grupo importante de familias, en cambio acordó un desalojo pacífico con las autoridades y diferentes ayudas sociales.

Prórrogas judiciales y la negociación
En aquel entonces, el Gobernador le confió al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la tarea de establecerse en el predio, censar a las familias, escuchar sus necesidades y negociar la desocupación pacífica y voluntaria del predio.

Con un período de 15 días de gracia, desde el Comité Interministerial avanzaron con el censo, que arrojó el dato de 1.904 grupos familiares de una o más personas, entre las cuales había 2.797 niños, niñas y adolescentes. Respecto a las actividades, 1.859 personas declararon ser desocupados, 494 tener trabajo, 271 con trabajo informal y otros 20 eran jubilados o pensionados.

Cuando les consultaron sobre los motivos de la toma de tierras, más de 1.500 personas respondieron que lo hacían por "desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler", en un contexto agravado por la crisis económica, sanitaria y social que produjo la pandemia de coronavirus Covid-19.

Con esos números sobre la mesa, la Provincia preparó una propuesta integral para los vecinos y vecinas de Guernica, según las diferentes necesidades existentes.

El plan además fue presentado ante la Justicia, que con la negociación abierta extendió por otros 15 días la prórroga del desalojo y estableció la fecha límite el 15 de octubre. “El objetivo es lograr una desocupación pacífica del previo sin conflicto, ni necesidad de utilizar la fuerza”, decían por entonces desde el Gobierno.

Poco a poco, varias familias aceptaron el ofrecimiento y firmaron un acta acuerdo donde la Provincia se comprometía a entregarles los terrenos con servicios que establecía el Plan de Hábitat.

El equipo interministerial que trabajó durante la toma

Según informó la cartera de Larroque, más de 600 familias firmaron el acta acuerdo para recibir un terreno y se retiraron del predio. El ministro tomó ese número como un logro y aseguró en una entrevista con LADO P que “hoy deben quedar en la toma unas 200 personas, el 80 por ciento de la toma ha sido desocupada”. Además, acusó a ese remanente de patear el acuerdo. "Los dos sectores más duros que se resisten tienen que ver con el interés político y con el interés económico", dijo.

Fue un paso en falso. Las organizaciones sociales salieron a cruzar a Larroque y aseguraron que, a diferencia de lo que sostenía el Ministro, aún quedaban 1.400 personas en la toma. La negociación, que se desarrollaba de forma fluida, se frenó. "El Gobierno nos criminalizó a las organizaciones sociales y nos hace quedar como que no queremos cerrar el acuerdo", señalaban entonces a INFOCIELO militantes del MST.

El último día de prórroga Judicial, la Provincia presentó en un acto desde Guernica el trabajo realizado. El Comité Interministerial, en el cual participaron de forma conjunta el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Gobierno y que encabezó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, explicó la acción y las propuestas que llevaron a cabo. "Estamos muy contentos del trabajo, orgullosos y orgullosas de lo realizado y es un éxito muy importante que 601 familias hayan firmado el acuerdo y se hayan retirado del predio y que hoy dentro de la toma queden 150 personas", ratificó Larroque y llamó a un acuerdo definitivo.

Fin de las negociaciones y desalojo
Tal como aseguró Larroque, no hubo más prórrogas judiciales. Así lo indicaron también el gobernador, Axel Kicillof y el por entonces jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quienes advirtieron que sostenían el diálogo, pero pasaban a ser "auxiliar de la Justicia". Las negociaciones efectivamente se mantuvieron.

Hubo al menos dos nuevas propuestas del Gobierno, que fueron rechazadas por las familias y organizaciones de Guernica, quienes se plantaron en una contrapropuesta: Un nuevo censo que desmienta las palabras de Larroque, que había asegurado que quedaban 200 personas en la toma. Esta vez, con los Organismos de Derechos Humanos como veedores oficiales.

El censo "dio como resultado que hay más de 1.400 familias asentadas en el territorio, desmintiendo las cifras irrisorias, y los ataques a los vecinos y organizaciones que el ministro Larroque desenvolvió en una campaña durante la semana pasada", según manifestaron las organizaciones políticas y sociales. Desde la Provincia advirtieron que esos datos eran en crudo, y señalaron que el nuevo censo arrojó más o menos los mismos datos que ya manejaban.

Sin un acuerdo concreto en el número de familias que quedaban en el predio, los días se consumieron lentamente con las posiciones encontradas. Cuando parecía que se podía lograr un acuerdo, nuevamente había un retroceso. Mientras tanto, la Justicia podía ordenar el desalojo.

Finalmente con la negociación caída, la Justicia dio por finalizado el período de gracia e inmediatamente instruyó el desalojo. Por la madrugada, 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense rodearon el predio. Los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Marcelo Romero estuvieron presentes en Guernica, y apenas aparecieron los primeros rayos de sol en el horizonte, dieron a la Policía Bonaerense la orden de avanzar. Para las siete de la mañana, el desalojo estaba consumado.

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