La vicepresidenta Cristina Fernández le pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública para la "audiencia de mañana", según informó este lunes a través de Twitter.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó la vicepresidenta.

"Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", indicó.

La novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 comenzó pasadas las 8.30 de hoy en los tribunales de Comodoro Py, con la exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Kicillof pidió el fin de la persecución
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su gabinete pidieron terminar con la "persecución" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el "lawfare" en su contra en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

"Basta de persecución. Basta de 'lawfare'. Todos con Cristina", posteó en las últimas horas el mandatario en su cuenta de Twitter.

El gobernador además adjuntó en sus redes sociales el repudio expresado por diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) de la provincia de Buenos Aires hacia la "persecución judicial" contra la vicepresidenta, donde señalaron que la causa "Vialidad" es "un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático".

Los bloques se manifestaron en un comunicado compartido en redes sociales en el que dijeron que ese "hostigamiento" se inició "en línea con el calendario electoral en mayo de 2019", en referencia al juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

Los legisladores señalaron que es parte de "un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante de forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015", y añadieron: "Estas prácticas son un mecanismo de disciplinamiento, estigmatización y control social".

"En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente", advirtió el texto.

Ese planteo fue compartido en las redes por varios ministros de Kicillof como Javier Rodríquez (Desarrollo Agrario), Pablo López (Hacienda), y Julio Alak (Justicia); así como por el jefe de Asesores, Carlos Bianco.

A la vez, el secretario general de La Cámpora y ministro Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, escribió en Twitter: "Con Cristina no se jode".

En ese tono, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, rechazó "la persecución judicial contra Fernández de Kirchner" y consideró que " atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia".

Así, ratificó su "solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas".

En igual sintonía, el ministro de Hábitat, Agustín Simone, expresó: "Frente al lawfare y la persecución seguimos acompañando siempre a Cristina Kirchner, porque un pueblo nunca olvida a quien no lo traiciona".

En tanto, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, consideró que "la persecución judicial a Cristina Fernández es un ataque a todo el movimiento nacional y popular" y expuso que "buscan proscribirla porque siempre defendió los intereses del pueblo frente al poder real".

"¡Si la tocan a Cristina, nos tocan a todas y a todos!", cerró.

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