“Jamás voy a decir los/las, así que no esperen eso de mí”, regañó el diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) en la sesión de la Comisión de Acusación, que él preside, en la que se discutía cómo quedaría escrito el nuevo reglamento. Le respondía a la diputada Graciela Camaño, quien le acababa de marcar que el texto estaba redactado “en términos de género”. La consejera le quería subrayar que había varios/as integrantes del cuerpo que estaban de acuerdo en que desde el texto todo el mundo debía poder sentirse reflejado. Tonelli terminó por aceptar: “lo redactaremos en lenguaje inclusivo”.

No se sabe si por rencor o por una línea de conducta y convicción en cuestiones que atañen a los derechos de las mujeres y diversidades, el consejero intentó evitar, la semana pasada, que pasara a Acusación la última denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi quienes en un juicio oral se negaron a aplicar la figura de femicidio, que está incorporada al Código Penal, porque consideraron que la violencia de género es “una ideología falaz”. Lo que quería era que el asunto fuera tratado como una posible falta disciplinaria en lugar de abrir la posibilidad de un juicio político. Dio su batalla, pero otra vez fracasó.

El Consejo ha tenido avances en aplicación de la perspectiva de género desde distintos ángulos, pero se fueron aplicando con lentitud y algunas idas y vueltas. Uno de ellos es la inclusión de mujeres en las ternas para ocupar cargos vacantes; otro es la apertura –-promovida por el expresidente del cuerpo, Diego Molea-- de un registro de denuncias contra jueces por violencia de género que acopia presentaciones pero todavía no dio frutos, salvo algún pase a Acusación. Las resistencias se ven también en el tratamiento de algunos casos concretos, como las denuncias contra el camarista de Casación, Juan Carlos Gemignani, denunciado por mandar a detener a una secretaria y por violencia hacia sus compañeras de tribunal. La consejera y diputada Vanesa Siley y la senadora María Inés Pilatti de Vergara (Frente de Todos) han sido las más contundentes en intentar destrabar el expediente, que debe ser tratado por la nueva composición del Consejo, que ahora tiene 20 integrantes y es presidido por el supremo Horacio Rosatti, como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de diciembre último. 

Los jueces Anzoátegui y Rizzi ya habían sido denunciados  y tienen un expediente abierto en la Comisión de Acusación tras llamar “sicarios” y “asesinos a sueldo” –en una sentencia-- a los médicos que practicaron un aborto legal a una joven que había sido abusada por su hermanastro. Este fue condenado por los reiterados ataques a la chica durante diez años, pero los jueces mandaron a abrir una causa penal al equiparar al aborto con un homicidio, pese a tratarse de uno de los tipos de aborto contemplados en el Código Penal (al ser producto de una violación) aún antes de su legalización.

Después de los cambios en el Consejo, este año la comisión de Disciplina y Acusación se dividió. Eso significa que ahora una comisión se ocupa de los casos que pueden ser faltas disciplinarias capaces de derivar sólo en sanciones y la otra –que comanda Tonelli— analiza denuncias que pueden llevar a abrir juicios políticos contra jueces y juezas, por lo que podrían perder sus cargos. Ahora, para decidir si una denuncia va Acusación o a Disciplina existe un “comité de giro” donde los/las titulares de esas comisiones analizan qué es lo que corresponde. Hasta ahora Tonelli y la senadora Pilatti de Vergara, que encabeza Disciplina, no tuvieron grandes diferencias al clasificar las denuncias. Pero cuando llegó la última contra Anzoátegui y Rizzi, el diputado Tonelli puso sus reparos. No dio detalles, porque en ese pequeño comité no se discute demasiado, pero sintéticamente planteó que no le parecía un tema para Acusación, es decir, minimizaba su gravedad. Entonces fue convocado para desempatar el vice de Tonelli, el senador-consejero Martín Doñate, quien inclinó la balanza finalmente para que el expediente se radique en Acusación.

En el fallo del 10 de mayo de este año, los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal 8 Anzoátegui (quien escribió el voto principal) y Rizzi, (quien lo acompañó), juzgaron un femicidio y una tentativa de femicidio. Jorge Alfredo Joaquín estaba acusado de matar en una vivienda de la Villa 31 a Gisela Paola Zalesky, con quien había tenido una relación de pareja. La maniató, la ahorcó y la ahogó. El mismo día, horas más tarde, intentó asesinar a Dalisa Lisbeth Streiches, mientras buscaba apropiarse de bienes suyos de valor. Los magistrados, sin embargo, pese a que determinaron la culpabilidad de Joaquín, se explayaron para cuestionar por qué no aplican el agravante de “femicidio”. 

Por ejemplo, Anzoátegui escribió y su colega suscribió: “Supongamos que, tras realizar un esfuerzo supremo, llegásemos a definir lo que significa 'violencia de género'. Ya lo dije antes y lo repito ahora: esa definición no existe en la legislación vigente en nuestro país, con lo cual agravar el homicidio sobre la base de ese oscuro concepto constituiría una clara violación del principio de legalidad", dijeron. Señalaron que el tratamiento de crímenes contra mujeres y disidencias con perspectiva de género es "ideológico y antinatural". "Ya el término 'género' ha sufrido un trastocamiento impulsado por esta ideología falaz, pues se pretende que suplante al concepto 'sexo'. Digo ideología falaz no gratuitamente, sino con toda intención. Porque el trasfondo de esa mutación lingüística es la inútil pretensión del hombre de desconocer 'lo dado' (la realidad natural) y reemplazarlo por una 'construcción' (la autopercepción humana divorciada de lo que las cosas son)", aseveró. 

Por este fallo y por el anterior (donde denunciaron un aborto no punible) ambos jueces fueron denunciados por la Fundación Mujeres por Mujeres. En el de 2020 también los denunció la Defensor General Stella Maris Martínez: los magistrados llegaron a decir que los defensores oficiales y otros agentes estatales colaboraron con "la comisión de un delito de similar o mayor gravedad que los crímenes que le merecieron al acusado treinta y cinco años de prisión”, en alusión al aborto tras la violación. Martínez planteó que habían ejercido  “una acción de disciplinamiento para los profesionales intervinientes, con consecuencias claras en la protección del derecho a la salud y a la asistencia legal”. 

Mujeres por Mujeres plantea  que los Anzoátegui y Rizzi dictaron sentencia con misoginia desconociendo estándares de derechos humanos y género. También plantearon la "violencia institucional" que implica la inacción, hasta ahora, del Consejo. Señalaron la necesidad de "la urgencia en que el Consejo de la Magistratura se avoque al tratamiento de esta cuestión es inocultable, debido a que el ejercicio jurisdiccional de los jueces denunciados se traduce directamente en violaciones institucionales a la obligación de investigar con debida diligencia para sancionar, prevenir, erradicar y reparar conflictos de violencia de género. Y con ello, el silencio del Consejo de la Magistratura contribuye a perpetuar estándares de derecho que alejan del sistema judicial cualquier solución justa para mujeres, lesbianas, travestis y trans en un claro ejemplo de violencia institucional”. 

Habrá que ver ahora, con la nueva Comisión de Acusación, si finalmente avanza el tratamiento de estos temas, y otros tantos. El organismo, por ahora, avanza a paso lento en general, con la mayor parte de su agenda pendiente. 

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