Un Tribunal de Apelaciones uruguayo rechazó conceder refugio político a Rodríguez Simón

Judiciales 12 de julio de 2022 Por Red Online
El exasesor de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que permanece en Uruguay desde diciembre de 2020, sufrió un nuevo revés cuando el tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo concluyó que "no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse".




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"Pepín" Rodríguez Simón es requerido por la justicia argentina en el marco de una investigación por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Macri.

Un Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó la solicitud de refugio político formulada por el diputado del Parlasur y exasesor de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, sobre quien pesa un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

La decisión fue adoptada, por mayoría, por el tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo y será apelado ante una instancia superior por el abogado defensor del Rodríguez Simón, el exfiscal uruguayo Jorge Díaz, según pudo saber Télam de fuentes que destacaron que, como la negativa aún no está firme, todavía no se puede activar un juicio de extradición.

"Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE (Comisión de Refugiados), que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada -que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente- no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse", sostuvieron los jueces que rechazaron el planteo.

El voto de la mayoría está firmado por los jueces Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo, mientras que la discordancia corresponde a la magistrada Graciela Gatti Santana, según surge del fallo de 41 páginas al que tuvo acceso Télam y que fue firmado en junio pasado.

Con esta resolución, el tribunal de apelaciones confirmó el fallo firmado el 23 de diciembre último por la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, quien rechazó el planteo de Rodríguez Simón que busca que se le otorgue refugio político.

La jueza de primera instancia se había apoyado en el dictamen de la Comisión de Refugiados en la que se señalaba no había elementos para considerar que Rodríguez Simón fuera un perseguido político sino que, por el contrario, podía evidenciarse que el la Argentina gozó de todas las garantías del debido proceso.

El exasesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.

Cuando lo declaró en rebeldía, Servini remarcó que el exfuncionario "dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.

Servini planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.

"Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)", remarcó la magistrada en aquel entonces.

En este expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación que obra en la causa.

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