Correo: apuran juicios de los Macri contra el Estado por $14.500 millones

Judiciales 09 de julio de 2022 Por Red Online
Dos jueces enviaron en simultáneo las demandas de la familia del ex presidente contra el Estado. Miles de millones en juego mientras la Corte Suprema cajonea el expediente inverso, la deuda de los Macri con el Estado.




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La familia Macri logró favor del Poder Judicial: no sólo su multimillonaria deuda por el Correo está frenada hasta que la Corte Suprema defina sino que ahora pusieron de nuevo en movimiento dos causas en las que ellos le reclaman al Estado más de 14.500 millones de pesos. El jueves pasado dos jueces trasladaron esas demandas al Gobierno pese a que una de ellas data de 2004 y otra de 2016. El mundo del revés.

¿Qué causas tienen los Macri contra el Estado?

La más antigua data del año 2000, donde demandaron al Estado por daños y perjuicios y reclaman 2.288 millones de pesos. Es incluso más antigua que la del concurso de acreedores que culminó en la quiebra (hoy suspendida) de Correo, que data de 2001.
Otra es del 2004, donde pidieron la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”. Llevaban las firmas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández.
En 2006 pidieron la inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que constituyó el Correo Oficial de la República Argentina que continuó con el servicio postal tras las quita de la concesión.
En 2016 demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. Lo hicieron en simultáneo a la maniobra donde Macri buscó condonarle la deuda a su familia. Para la fiscala Gabriela Boquin se trató de una jugada “de mala fe procesal”. Se condonaban la deuda ellos mismos y decían que el Estado les debía.
¿De donde sale que reclaman más de 14.500 millones de pesos?

En una de sus últimas propuestas del pago de su deuda por el Correo los Macri ofrecieron pagar 1.011 millones de pesos en una cuota a pesar de que siempre alegaron que no contaban con fondos. Pero en el mismo momento, cuando valuaron la empresa Correo Argentino, contaron los 4 juicios que tienen contra el Estado como ganados por un total de 14.585 millones de pesos. Por lo tanto esa es la cifra que pretenden arrancarle a las arcas públicas. Ahora los apuraron.

Si los Macri logran ejecutar esta jugada saldrán con una ganancia extraordinaria. Queda a la vista con las curiosas cuentas que hacen: dicen que ellos le deben al Estado un total de 1.011 millones de pesos pero que el Estado les debe a ellos 14.585 millones. La cuenta da 13.574 millones de diferencia a favor de los Macri.

Esos juicios contra el Estado tramitan en el fuero Contencioso Administrativo. De allí salieron 3 notificaciones. La causa del 2016, en manos de la jueza Macarena Marra Giménez, llegó por oficio a la Jefatura de Gabinete. Son 2.126 páginas. La de 2004, en el juzgado de Enrique Alonso Rigueira, llegó tanto a Jefatura como al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Son otras 222 páginas. Tanto Juan Manzur como Claudio Ambrosini deberán avisarle a Carlos Zannini, el procurador del Tesoro que como jefe de los abogados del Estado es quien interviene en todos los expedientes vinculados al Correo.

Desde 2019 los Macri intentan unificar esos juicios millonarios contra el Estado. El 17 de julio de ese año presentaron un escrito en la causa iniciada en 2004 donde reclamaron que se unifique con la de 2016. El escrito no figura en el sistema de consulta de causas. El Destape lo descubrió de todas formas y encontró una posible explicación: los Macri pidieron que esta cuestión se resolviera sin notificar al Estado. La existencia de este pedido quedó expuesta cuando en la causa del 2016 pidieron suspender todo hasta que esa unificación se resuelva.

El juez Alonso Regueira rechazó la unificación. Siguió la opinión del fiscal Fabián Canda, que alegó que Para los expedientes no se pueden unificar porque no tienen el mismo objeto: uno pide derogar decretos y el otro una indemnización.

Lo curioso es que ahora tanto Alonso Regueira como su colega Marra Giménez enviaron el mismo día las demandas al Gobierno. No puede ser casualidad.

La causa iniciada en 2004 está en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, a cargo de Alonso Regueira; la del 2016 en el Nº 12 a cargo de Macarena Marra Giménez. En 2019, cuando los Macri quisieron que una absorbiera la otra, ambos juzgados carecían de juez titular. El Nº 1 era subrogado por Enrique Lavié Pico, uno de los magistrados más alineados con el macrismo. El Nº 12 por la propia Marra Giménez, también alineada con el PRO. En 2020 fueron designados Alonso Regueira en el 1 y confirmada Marra Giménez en el 12.

Los pliegos de ambos fueron enviados al Senado por Macri pero finalmente los designó el actual gobierno. De Alonso Regueira se sabe de su cercanía con la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, el sector más conservador de la política judicial, y vínculos con Sergio Fernández, el hombre fuerte del fuero Contencioso Administrativo donde oficia de camarista. Alonso Regueira asumió en lugar de Lavié Pico, uno de los jueces que se alineó con los intereses del Gobierno de Macri y fue correspondido con el cierre de una denuncia en su contra promovida por Elisa Carrió.

El caso de Marra Giménez también es interesante. Jugó un rol importante en el intento de Macri de convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal, maniobra que publicó El Destape prácticamente en soledad y que aún tiene un final abierto en tribunales. El caso tiene puntos en común con Correo. Uno, por ejemplo, es su larga data, ya que Macri quiso convertir Buenos Aires en una guarida fiscal apenas asumió como jefe de Gobierno, en 2008. Lo frenó la por entonces fiscal ante la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó, que logró una medida cautelar. De allí la inquina de Macri con ella. En 2016, apenas Macri asumió la presidencia, la jueza subrogante Marra Giménez levantó la cautelar. Ya no estaba Gils Carbó pero en su lugar había asumido la fiscala Boquin, que apeló y el caso quedó en la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo.

Macri nunca olvidó el rol de Gils Carbó y de Boquin y la ferocidad de sus ataques contra la luego procuradora y la actual fiscala tuvieron esa historia como trasfondo. Boquin, de hecho, denunció la complicidad entre Macri, Horacio Rodríguez Larreta y el ex ministro de Justicia Germán Garavano para ejecutar ese plan.

A Macri sí, al Estado no
Mientras avanzan estos expedientes de los Macri contra el Estado la Corte Suprema mantiene el cajoneo de la quiebra de Correo Argentino.

¿Por qué el expediente está suspendido hasta que la Corte quiera? El expediente por la deuda del Correo está frenado porque los Macri buscan que esta causa, que tramitó desde el 2001 en el ámbito de la Justicia Nacional, ahora pase a la Justicia porteña. ¿Por qué? Porque en la Justicia Nacional en lo Comercial les dictaron la quiebra de Correo luego de 15 años de demoras injustificadas. Ante eso los Macri recusaron a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra) y a la fiscala Boquin (que en su momento frenó la condonación de la deuda). Esas recusaciones fueron rechazadas por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, cuyas históricas integrantes Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballertini fueron cómplices del letargo de esta causa pero que en algunos y puntuales casos cumplieron la ley. Entonces los Macri maniobraron para que el caso se mude al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, que les responde sin peros. El TSJ porteño aceptó igualmente meterse en el caso y la definición sobre qué jurisdicción va a seguir con este expediente quedó en manos de la Corte.

En agosto de 2021 los Macri pidieron suspender todo con la excusa que la Corte tenía que definir la cuestión de la intervención de la Justicia porteña. A los pocos días, el procurador interino Eduardo Casal, que respondió siempre a las directivas de Cambiemos, no quiso papelones y dictaminó que eso no era viable. “Opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, escribió Casal. Desde entonces la Corte no resuelve el caso.

Desde agosto de 2021 que la Corte puede resolver si mantiene la suspensión de la quiebra de Correo. El procurador Zannini incluso le reclamó directo a la Corte Suprema que defina rápido el expediente Correo. El escrito presentado por Zannini, al que accedió El Destape, le solicitó a la Corte “que se expida a la mayor brevedad posible (…) poniendo fin al conflicto de jurisdicción” para de esa forma “remover el obstáculo que impide el correcto desarrollo del proceso falencial que lleva más de 20 años en trámite”. El procurador del Tesoro agregó que si aún no están en condiciones de resolver (lo que sería extraño, ya que es un caso más bien simple desde lo jurídico), que al menos reviertan la suspensión de la quiebra. La Corte empezó a circular ese escrito de Zannini. El caso recayó en la Secretaría de Relaciones de Consumo. No tiene nada que ver, pero como a esa secretaría manejada por la hija de la ex jueza Elena Highton de Nolasco apenas le llegan causas le derivaron esta, que es una cuestión de competencia. Empieza mal.

Tanto Zannini como Boquin fueron en queja a la Corte, última instancia tras el rechazo de sus recursos extraordinarios. Tal como informó El Destape, cuando la fiscala Boquin presentó su recurso extraordinario contra la decisión de suspender todo reveló que le ocultaron ese pedido de los Macri. “El fallo es nulo pues se omitió otorgar, previo a decidir, vista al Ministerio Público Fiscal del pedido de suspensión formulado”, escribió Boquin. En criollo, que se lo ocultaron. Pero no solo eso: demostró que no la dejaron intervenir en el pedido de los Macri de suspender todo pero mientras le enviaban otros planteos de la familia del ex presidente. O sea, que las juezas la dejaron intervenir de manera selectiva, algo ilegal.

La Corte ya giró el recurso de queja a la Procuración General, donde el interino Eduardo Casal esquivó el tema y lo derivó a Vïctor Abramovich. Al menos habrá un dictamen sensato, aunque luego la Corte definirá por el calendario electoral más que por el Código Civil y Comercial.

El Destape-

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