Lago Escondido: La IGJ pide la liquidación de Hidden Lake, la sociedad de Joe Lewis. Una historia de offshores en Bahamas e incumplimiento de fallos judiciales

Judiciales 19 de abril de 2022 Por Red Online
La Inspección General de Justicia requirió la intervención judicial y la nulidad de la sociedad del magnate inglés que posee 12 mil hectáreas en las inmediaciones de Bariloche y El Bolsón. También solicitó que el patrimonio de la firma sea liquidado. La resolución se basa en que Hidden Lake incumple con el fallo que la obliga a liberar el acceso al Lago Escondido y en que la sociedad es una pantalla para ocultar que Lewis es el único dueño de esas tierras patagónicas.




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La Inspección General de Justicia (IGJ), que conduce Ricardo Nissen, pidió la inmediata intervención judicial de la sociedad Hidden Lake, del magnate inglés Joe Lewis, la nulidad de esa compañía y la liquidación de su patrimonio que consiste básicamente en la enorme propiedad que está en las inmediaciones de Bariloche y El Bolsón. La IGJ es el órgano de control de las sociedades comerciales en la Argentina y en un extenso dictamen de 61 páginas señala, en primer lugar, que Hidden Lake incumple con una sentencia firme de la Justicia rionegrina que ordenó la libre circulación hacia el Lago Escondido; en segundo lugar, que Hidden Lake es una sociedad simulada, que no tiene actividad alguna, y mediante sociedades offshore de Bahamas --donde vive Lewis-- esconde que el único dueño de las 12 mil hectáreas en la Patagonia es justamente el millonario británico. Nissen le pide a la Justicia comercial de CABA --porque Hidden Lake tiene domicilio en un estudio de abogados de la Avenida del Libertador-- que actúe, inicialmente, ordenando la intervención de la compañía.

En el frondoso escrito de la IGJ se hace un largo y detallado análisis de la documentación que presentó Hidden Lake y de la insólita historia de sociedades offshore que se van turnando, sin muchas explicaciones, en la titularidad de las acciones. Por ejemplo, la compañía empezó con 2700 hectáreas junto al Lago Escondido, pero ahora tiene 7 mil, sin que haya actas de directorio en las que se haya consignado la compra del resto de las propiedades. Tampoco se registró la adquisición de maquinarias, vehículos, parte de los cuales se donaron a organismos del municipio o de la provincia de Río Negro. En los 26 años de existencia de Hidden Lake y sus antecesoras se pidieron créditos, pero no figura a quién se le pidieron ni en qué condiciones.

El punto clave del que parte la presentación judicial de la IGJ es el incumplimiento de las resoluciones judiciales firmes del Superior Tribunal de Río Negro y de tribunales de la Nación que datan, algunas de ellas, del año 2005. Las sociedades deben cumplir con las resoluciones judiciales, es el argumento del organismo que conduce Nissen.

Hay una segunda cuestión de fondo que argumenta la IGJ: las sociedades son la alianza de dos o más personas para emprender una actividad comercial, de explotación, proveer servicios, producir. No pueden ser una “pantalla jurídica” de alguien que se esconde detrás, en este caso Lewis. Y en las 61 páginas de la resolución se detalla, por ejemplo, que el origen de Hidden Lake se remonta a 1996 cuando se formó otra sociedad, Lago Corporation, con domicilio en Nassau Bahamas. Esa offshore era la sueña de 11.999 acciones del total de 12 mil. En tanto que la acción restante también terminó apareciendo a nombre de Baylin Inc, otra offshore de Nassau. En los 26 años de historia, los pases de mano continuaron: siguió Skyland Inc, luego Berkley Capital Managment y luego Tahami Ltd, todas de Bahamas y no inscriptas en la IGJ. En 2013 apareció en escena Grupo H.L. SA, una sociedad nacional, propiedad de Lewis y su hija, que tenía un pequeño capital de 12 mil pesos pero que creció a 55 millones gracias al aporte de Twinleaft Holding, inscripta en el estado de La Florida, en Estados Unidos. Twinleaft pasó a quedarse con toda la propiedad de Hidden Lake. 

Tal vez lo más simbólico es que de las reuniones de directorio nunca participó una persona que vive en la Argentina, salvo dos hombres que manifiestan ser empleados. Por supuesto que ni Lewis ni sus hijos estuvieron nunca en ninguna reunión de directorio ni firmaron ninguna resolución y tampoco se quejaron porque las sucesivas sociedades siempre tuvieron pérdidas dado que no realizan ninguna actividad comercial, sino que el complejo está únicamente dedicado a recibir a Lewis cuatro meses por año. Eso le llamó la atención a la IGJ: una sociedad comercial normal trata de obtener ganancias con su actividad y si en 20 años hubo pérdidas se denota que disimula otra cosa. Como relató Página/12 en febrero, la propiedad cuenta con un hipódromo, una pista de equitación para salto de caballos, un kartódromo profesional, canchas de tenis y de paddle, un gimnasio ultramoderno y una masión de 1200 metros cuadrados que alberga, por ejemplo, cuatro cuadros de Pablo Picasso en el living. Más allá de los lujos, lo que puntualiza la IGJ es que se usó una sociedad para esconder la propiedad de Lewis, muy al estilo de lo que hacen algunos empresarios para ocultar bienes de sus matrimonios o para acogerse a los beneficios de una sociedad comercial, que paga menos impuestos que los individuos.

La resolución de la IGJ incluye un largo análisis de los fallos sobre el acceso a Lago Escondido y el incumplimiento de la compañía de Lewis, un conflicto que no se menciona en ninguna de las actas de directorio de las sucesivas sociedades. Menos aún se habló de la cuestión en febrero de este año cuando un grupo de vecinos de Bariloche intentó llegar a Lago Escondido y fue enfrentado por una especie de patota armada por Lewis. En la contabilidad de Hidden Lake se visualiza lo que se llama "un enorme pasivo laboral", es decir mucha gente contratada. Seguramente en ese concepto están algunos de los que agredieron a los visitantes. 

Sobre la base de las irregularidades, la IGJ se presentó a la Justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires, pidió la intervención inmediata de Hidden Lake, la nulidad de la sociedad, la liquidación de los bienes y la incorporación de esos bienes al Estado. La sede de la empresa --concluye la resolución-- es un estudio de abogados de Avenida del Libertador al 600, "a 1600 kilómetros del espejo de agua que permanece inaccesible".

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