Gestapo antisindical: las mentiras y omisiones de los ministros de Vidal

Judiciales 20 de marzo de 2022 Por Red Online
Esta semana fueron indagados Marcelo Villegas, Adrián Grassi y Roberto Gigante, todos ex miembros del gabinete de María Eugenia Vidal. Las pruebas que derriban sus descargos. Todos defendieron su accionar y dijeron que no cometieron ningún delito. Las pruebas que derriban sus descargos.




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Esta semana fueron indagados en el caso de la Gestapo antisindical los ex ministros de Trabajo e Infraestructura bonaerense Marcelo Villegas y Roberto Gigante y el ex número 2 de Justicia provincial Adrián Grassi. Los tres ex funcionarios, que estuvieron en la reunión del escándalo en el Banco Provincia, defendieron su accionar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y dijeron que no cometieron ningún delito. Pero las pruebas que nutren la investigación derriban los descargos de los imputados.

Las pruebas que desmienten a Villegas
El titular de la cartera laboral durante la gestión cambiemita, Marcelo Villegas, se presentó este viernes en los tribunales federales de La Plata. Se negó a declarar pero presentó un escrito. Allí trazó una defensa endeble ya que se vio obligado a reconocer muchos de los hechos que se le imputan. La estrategia que eligió el ex ministro para estructurar su descargo es que todo lo que hizo desde el gobierno de la Provincia fue legal. Habló de dos andariveles, uno provincial y otro nacional. Se desentendió de esta segunda vía.

Dijo Villegas: “Niego haber armado en forma clandestina una o varias causas al señor Juan Pablo Medina y sus allegados, ni haber participado de una maniobra con esos fines. Soy ajeno a toda acción que se haya eventualmente orquestado para ello”. Pero las pruebas reunidas en el expediente lo complican.

“Las causas judiciales iniciadas tuvieron un trámite del cual yo fui absolutamente ajeno. No hubo incidencia ni presiones de mi parte, y que yo sepa, de nadie”. “Vidal me indicó que se realizaran las denuncias correspondientes y que me apoyara en el Ministerio de Justicia. Expliqué que no veía aconsejable que fuese yo, el ministro de Trabajo, quien denunciara a un representante gremial, ya que iban a tildar la denuncia de política. Coincidió y me indicó que hablase con las victimas y las asistiese junto con el Ministerio de Justicia que era su misión específica”.
Lo que dice Villegas es falso. Lo reveló El Destape apenas se conoció la existencia del video en la sede porteña del Banco Provincia. Fue el propio Villegas el que unificó las notas que les pidieron a los empresarios bonaerenses y las hizo llegar al juez federal de Quilmes, Luis Armella.

En la reunión en el Banco Provincia se escuchó esta secuencia:

- Las notas, en cuanto ustedes me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano – dijo Villegas.

- ¿Todas distintas? - le preguntaron los empresarios.

- Todas distintas. Cada una dice lo que tiene que decir.

Eso fue el 15 de junio de 2017; las notas presentadas por las entidades fueron justo después. Y una vez que el entonces ministro Villegas tuvo las notas que pidió en la reunión se las hizo llegar al juez Luis Armella el 25 de agosto. Todo figura en el expediente judicial.

El expediente judicial muestra otra arista. El ministro Villegas tenía todas las notas acordadas para finales de junio pero las presenta en el expediente judicial recién el 25 de agosto, casi un mes después. El 24 de agosto, Villegas había estado nuevamente en la Casa Rosada pero en su escrito no hizo referencia a este encuentro. Según consta en el expediente, dos días antes de presentar las notas, el 23 de agosto, el juez Armella le hizo un requerimiento de información. Y ahí el ministro contestó y adjuntó las notas que había acordado con las entidades empresarias. Se ve que también era cierto que, como dice en el video, tenían asegurada la cuestión judicial.

“El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial”, les explicó Villegas. Luego detalló: “Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones. Con eso, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás”.

Ese esquema se cumplió: las instituciones que participaron del encuentro y otras hicieron su presentaciones. Eso lo llevó el propio Villegas al juzgado de Armella. Ahora dice que no intervino, pero los documentos muestran otra cosa.

“Adentrándome en lo que fue mi concurrencia a la AFI, donde efectivamente estuve con algunas personas que jamás supe quienes eran a excepción del abogado Destefano, el tema fue: Informar en qué estaba lo que al inicio de esta presentación llamé ‘andarivel provincia’ y su evolución. Fue una real pérdida de tiempo para mí. Jamás se nos informó ni supe si desde Nación se estaba haciendo algo respecto del señor Medina y sus acciones extorsivas”.
Este párrafo de Villegas es pura contradicción. No hay ninguna justificación para que un ministro provincial reporte a la casa de los espías, excepto lo que pasó: que a partir de esas maniobras desplegaron el aparato de inteligencia ilegal sobre el Pata Medina.

La ley de inteligencia es clara. En su artículo 4 dice que “ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. ¿Qué hacía Villegas reportando sobre el Pata Medina en la AFI? Evidentemente estaban violando la ley.

“Luego, si se radicaron distintas denuncias y cuál fue su derrotero, no estaba en mi campo de acción ni intervención. Si eso es armar una causa, soy autor de dicho armado y lo volvería a hacer, pero no veo absolutamente nada ilegal en ello”.
En este punto Villegas omite sus al menos 12 llamadas con el procurador Julio Conte Grand, el jefe de los fiscales bonaerenses. Tres de las cuatro causas contra Medina que prosperaron estaban radicadas en la justicia provincial. 

“Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”, les había dicho Villegas a los empresarios presentes en la reunión de la Gestapo antisindical. “No estaríamos a este nivel hablando con ustedes (...) si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial”, agregó en referencia a la avanzada contra el sindicalista “Pata” Medina. También afirmó que trabajaban “con todo soporte de la Procuración General”, es decir, Conte Grand, el jefe de los fiscales bonaerenses. Villegas no mentía. El Destape constató que el ministro de Vidal mantuvo al menos 12 llamadas telefónicas con el procurador provincial durante el armado de causas contra el referente de la UOCRA-La Plata.

Tres de esas comunicaciones se realizaron antes del encuentro en la sede porteña del Banco Provincia, donde espías de la AFI, funcionarios bonaerenses y empresarios coordinaron la persecución contra el sindicalista. La coincidencia temporal entre los llamados y los momentos claves de la cacería sobre Medina complican al jefe de los fiscales bonaerense. Y se trata sólo de las llamadas por la línea de celular, no incluye comunicaciones vía Whatsap u otra aplicación, algo que el juez aún no pidió.

“‘La gobernadora me dijo que en la provincia están encarando un proceso con empresarios y cámaras profesionales desde el Ministerio de Trabajo y el de Justicia’”, contó Grassi que le dijo Macri cuando se reunieron en la Casa Rosada, el 4 de mayo de 2017.
Pero hay un problema de tiempos para Villegas. Según se desprende de la investigación, los contactos con los empresarios se dieron después de la reunión en Casa de Gobierno, lo que compromete aún más a Villegas y los participantes de ese cónclave en Casa de Gobierno. Más de un investigador entiende que la persecución contra Medina comenzó ese 4 de mayo. Según afirmó Grassi en su descargo, los empresarios se acercaron en mayo a verlo, no antes: “Alrededor del mes de mayo de 2017 fui contactado por un grupo de empresarios del rubro de la construcción de la ciudad de La Plata” quienes fueron a ponerlo en conocimiento de “situaciones conflictivas que padecían por el accionar ilegítimo del Sr. Juan Pablo Medina”. Por lo que no cierran las fechas. A eso se suma que según los registros de la agenda de Villegas las reuniones por el tema “UOCRA-La Plata” comienzan de manera constante en mayo.

Las omisiones de Grassi
Antes de Villegas, quien se presentó en tribunales fue el ex subsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi. No declaró pero al igual que el exministro de Trabajo bonaerense presentó un escrito.

Grassi aseguró en su presentación que a los empresarios les dio siempre el mismo “consejo”: “Que se presenten ante la justicia a denunciar los hechos” para “abordar los mismos con las herramientas que el derecho brinda”.
Según la versión del 2 de Justicia de Vidal, un grupo de empresarios fue a verlo y él los derivó a la Justicia. Pero si fuera así sería algo muy sencillo de resolver que no ameritaría una reunión de 2 horas con integrantes de la AFI ni reuniones de trabajo constantes con parte del gabinete provincial para abordar el tema UOCRA-La Plata. En esta versión de Grassi no se explica qué sentido tuvo la reunión en la sede porteña del BAPRO donde se habló hasta de provocar a los gremialistas.

“Cualquier contacto mantenido con magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de otros organismos, encontraba su razón de ser en la mentada articulación prevista taxativamente en las funciones propias del cargo público que ejercía”, se justificó. “Solamente cumplí con mi trabajo”, agregó.
Una cosa es lo que formalmente el cargo le habilita a realizar a Grassi y otra que un ministro haga una asistencia jurídica, que incluyó brindar instrucciones jurídicas a futuros testigos, aconsejándoles lo que decir, en una mesa con espías de las AFI. Por ejemplo, en la reunión del BAPRO, frente a Grassi, el ministro Villegas entregó un papel con palabras que debían utilizar los empresarios en sus presentaciones. En el mismo encuentro se habló de provocar una reacción del gremio para poder iniciar una causa judicial y se dijo tener todo acordado con la Justicia. Todo ilegal. A esto se suma que es muy delicado que un funcionario del ejecutivo se meta directo en el trámite de una causa. Grassi dice en su escrito que coordinó con el secretario del juzgado de Armella “día y horario en que las personas daminificadas podían presentarse en el juzgado”.

Por otro lado, sus contactos con un juez federal, como Luis Armella, ya no excedería su función. Existe un cargo a nivel nacional para ese vínculo, en todo caso.

Dijo que participó en la reunión del BAPRO “en razón de mi cargo de Subsecretario de Justicia bonaerense”. Señaló que fue una “reunión de trabajo” con empresarios. Respecto a las medidas que aconsejaron los espías en ese cónclave, aseguró que “jamás” se le “ocurrió pensar que las mismas podían realzarse por fuera del marco legal”. Y resaltó: “En dicho encuentro no se cometió ningún delito ni se pergeñó ningún plan criminal ni nada que se le parezca”.
Si fue una reunión de trabajo fue muy particular. Porque no se dejaron registros de los participantes cuando ingresaron al BAPRO, contó con la participación de jerarcas de la AFI que solo se presentaron con su nombre de pila y no dijeron que eran agentes de inteligencia. Para colmo, el cónclave fue grabado y no está claro que los funcionarios no supieran eso. Por su parte, los empresarios que declararon en la Justicia dicen que lo que le plantearon los funcionarios en el encuentro fue inapropiado.

Pero sobre todas las cosas, en ese encuentro se coordinó el armado de causas contra Medina. Todo lo hablado se ejecutó al pie de la letra. Luego de ese encuentro se impulsaron 4 causas contra el gremialista que recibió 4 órdenes de detención en su contra. Se realizaron las provocaciones contra el gremio que se sugirieron y los empresarios presentaron notas contra Medina en el Ministerio de Trabajo bonaerense que Villegas llevó al juzgado de Armella. Eso motivó que los empresarios luego fueran citados como testigos y ratificaran lo que denunciaron en sus notas (con las palabras que les había sugerido Villegas). Grassi, post reunión del BAPRO, hasta ingresó a la AFI y hasta habló por teléfono con espías que participaron de la reunión en el banco.

En su presentación, Grassi citó el fallo que achaca el espionaje ilegal macrista a espias cuentapropistas, firmado por los jueces porteños Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. “Allí, en la página 91 del fallo, se sostuvo ‘…que algunos hechos, aun cuando dejan en evidencia que miembros de la AFI ejecutaron operativos de inteligencia ajenos a las misiones de la institución no son consistentes con una asociación ilícita reunida por propósitos tan particulares como los señalados en la resolución”. “La eventual realización de actividades de inteligencia ajenas a las misiones de la institucion no puede extrapolarse a los restantes actores ocasionales”, añadió Grassi.
Con esa cita busca que se repita la tesis del cuentapropismo que benefició a Macri pero en este caso. Como si los agentes de inteligencia no hubieran participado de la misma reunión que él y como si no hubiera ido a la AFI o hablado con agentes de inteligencia involucrados en la maniobra.

Lo que no hay en las versiones de Grassi y Villegas es una explicación global de los hechos. Intentan explicar cada hecho aislado. Y no logran justificar situaciones claves como la reunión del BAPRO y la relación con la AFI.

El olvido de Gigante
El ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, también fue citado a indagatoria en la semana que acaba de concluir. Concurrió el miércoles pasado a los tribunales federales de La Plata. No declaró pero presentó un escrito. Si bien realizó una defensa más sólida que Villegas y Grassi hubo hechos que no pudo explicar u omitió aclarar.

De acuerdo a Gigante “tampoco quedó entre alguna de mis tareas hacer algo relativo a lo conversado en esa reunión”.
Pero la agenda de Villegas lo compromete. De acuerdo a ese documento que se agregó a la causa, el ministro de Infraestructura participó en diversos encuentros que realizaron funcionarios bonaerenses para tratar el tema “UOCRA-La Plata” luego de la reunión en el BAPRO.

Gigante se preocupó por destacar que “el ministro Villegas no me pidió en ningún momento ‘conseguir notas’ de las empresas/empresarios para iniciar una ‘operación en perjuicio del Pata Medina’. Jamás lo hubiera hecho”, dijo.
Pero en su cartera se recibieron notas que luego fueron giradas a la cartera laboral. Esas notas de los empresarios con cuestionamientos contra Medina, que finalmente se presentaron en el ministerio de Trabajo a cargo de Villegas, alimentaron la causa federal contra el gremialista que instruyó el juez Armella. Porque Villegas las llevó a sede judicial y Armella se tomó de ellas para citar a los empresarios como testigos en ese expediente.

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