El kirchnerismo reabre el recinto de Diputados para sancionar la ley de etiquetado frontal

Política 01 de octubre de 2021 Por Red Online
Se trata de la norma que obliga a informar los nutrientes críticos de los alimentos en los envases. También se aprobará la ley para proteger a personas en situación de calle.




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El Frente de Todos convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados el martes próximo para sancionar la ley de etiquetado frontal que obliga a informar los nutrientes críticos de los alimentos en sus envases, en lo que será la reapertura del recinto tras dos meses de inactividad.

El llamado se conoció este viernes y contiene además otros proyectos impulsados por el oficialismo como la ampliación de derechos para las personas en situación de calle, el régimen diferencial especial para trabajadores vitícolas y la regulación del despido y remuneración mínima a los empleados frutales.

La sesión llegará en medio de una polémica por el nuevo protocolo de funcionamiento: Sergio Massa firmó una resolución que retoma la presencialidad, aunque con excepciones que la oposición rechaza como a los enfermos de Covid. Juntos lo rechazó y pidió sesiones a la vieja usanza, con ausencia contabilizada para quien no pisa el recinto, sea cual sea el motivo. 

Lo cierto es que el martes hará falta quórum de esa manera para definir cualquier modalidad a futuro y, de mínima, se esperan varias horas de acusaciones cruzadas y cuestiones de privilegio sobre temas de campaña como las denuncias por misoginia contra el diputado del PRO Fernando Iglesias o las imágenes de Olivos con el presidente sin cumplir la cuarentena. 

El oficialismo cree que no tendrá problemas en llevar adelante el temario de la sesión porque la ley de etiquetado, que está primera en el orden del día y es reclamada hace tiempo por una parte de la oposición. 

El oficialismo cree que no tendrá problemas en llevar adelante el temario de la sesión porque la ley de etiquetado, que está primera en el orden del día y es reclamada hace tiempo por una parte de la oposición. 

Fue dictaminada el 15 de julio, después de más de un semestre de debate, y consiste en obligar que los alimentos y bebidas analcohólicas informen sus nutrientes críticos con una etiqueta octogonal, de color negro y letras blancas, que ocupe al menos el 5% del tamaño del envase.


Entiende por nutrientes críticos los "excesos" en azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, causales de la mayoría de las enfermedades evitables. Los edulcorantes y la cafeína deberían informarse y aclarar que no es recomendable para niños, niñas y adolescentes.

También se prohíbe publicidad dirigida a niños de los productos que tengan al menos un sello de calidad, mientras que el resto podrá seguir apareciendo en la TV pero sin destacar valores positivos que intenten eclipsar las falencias nutricionales. 

Por el oficialismo se opusieron los tucumanos, por presión de la industria azucarera, mientras que en Juntos hubo un difamen de minoría impulsado por un sector del PRO que propone restricciones menores y mayores plazos de adaptación. 

La ley le otorga 180 días a las empresas grandes y un año más para las pymes y cooperativas populares. Además, el gobierno tendrá 90 para reglamentarla. 

El proyecto que otorga derechos a familias "sin techo" consiste en garantizar integralmente y hacer operativos sobre los derechos humanos de las personas en situación de calle, realizar un relevamiento a través del Indec y la creación de una red nacional de centros de integración social de atención permanente.

También se impulsa la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios u otros) a las modalidades enunciadas y se crearán nuevos centros de integración social, de acuerdo a las necesidades relevadas. Juntos no acompañó porque consideró que el texto podría alentar a la permanencia de edificios tomados. 

Los proyectos laborales de economías regionales dispararán el debate sobre las reformas para eliminar las indemnizaciones propuestas por diputados de Juntos, como el diputado del PRO Héctor Stefani y el senador de la UCR Martín Lousteau.  


El régimen previsional especial para trabajadores vitícolas permite una jubilación a los 57 años y 25 de servicios, por considerar sus tareas insalubres. Mientras que se considera a los contratados con los mismos derechos laborales de la ley de contrato de trabajo, por lo tanto deberían percibir una indemnización si son despedidos. Suficiente para alimentar la grieta. 

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