A 45 años de la masacre de San Patricio: terrorismo de Estado contra hombres de fe

Nacionales 04 de julio de 2021 Por Redonline Medios
Se trató de un hecho que evidenció el accionar criminal de la dictadura militar, dispuesta a silenciar a religiosos que denunciaban las violaciones a los derechos humanos que entonces se vivía en Argentina.




60e105ad7d5ba_1004x565

Los sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfredo José Kelly, y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio José Barletti -integrantes de la congregación católica de los Palotinos- eran asesinados hace 45 años, un 4 de julio de 1976, por un grupo de tareas que los baleaba en la casa parroquial que habitaban en el barrio de Belgrano, en un hecho que se conoció como la Masacre de la iglesia de San Patricio.

Se trató de un hecho que evidenció el accionar criminal que comenzaba a desplegar la dictadura cívico militar, que estaba dispuesta a silenciar incluso a los religiosos que denunciaban la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que entonces se vivía en Argentina.

A pesar del clima represivo que imperaba en el país y en la región, los ecos del postconcilio, las reformas impulsadas por Juan XXIII y los lineamientos impartidos por los obispos latinoamericanos en Medellín, Colombia, aún persistían en los corazones de muchos de los integrantes de la Iglesia que soñaban con mantener una mirada del Evangelio comprometida con los pobres.

Hechos previos a la masacre

Una semana antes de los asesinatos, la congregación celebró una reunión en la que se discutió la posición que debía asumirse ante el terror que se propagaba desde el poder.

En ese encuentro, según testimonios dados por religiosos que asistieron, el Padre Alfredo José Kelly sostuvo que él no podía callarse, y que continuaría con su compromiso con "los que estaban sufriendo".

En los días previos a la masacre, Kelly les comunicó a sus allegados que circulaban escritos que lo vinculaban con grupos guerrilleros, y les contó un sentimiento que pareció premonitorio: "Sé que hay gente que me quiere matar, pero si lo hacen se van a arrepentir".

4 de julio de 1976

En la madrugada de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba, en el barrio de Belgrano R.

Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que se encontraba destacado en Neuquén, se encontraba esa noche en su domicilio con unos amigos, y al advertir la presencia de estos vehículos concurrió a la Comisaría 37 para hacer una denuncia.

Un móvil policial se trasladó a San Patricio y el oficial llamado Miguel Ángel Romano se apersonó en el lugar, y tras intercambiar unas palabras con los ocupantes de los autos, se retiró como si hubiera impartido directivas.

Luis Pinasco y Guillermo Silva, dos jóvenes que esa madrugada acompañaban a Martínez, declararon en la causa que, una hora después de que se retirara el patrullero de la 37, varias personas que portaban armas largas salieron de los autos en los que se encontraban y entraron en la iglesia.

En la madrugada de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba


Rolando Savino, un adolescente de 16 años que oficiaba como organista de la parroquia, llegó ese domingo temprano para participar de la misa dominical.

Cuando logró ingresar, Savino se encontró con los cuerpos de los religiosos ametrallados en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutados.

En las paredes de la casa parroquial, los asesinos escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas de la procedencia que tenía el atentado: "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria"; "Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM".

La primera consigna se refería al atentado que la organización Montoneros llevó a cabo contra el edificio donde funcionaba la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, el 2 de julio de ese año, y en el que murieron 23 personas; en tanto que la segunda aludía al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, una tendencia de la Iglesia identificada con la Opción por los Pobres y las luchas de liberación que se desarrollaban en los países periféricos.

Los asesinos escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas de la procedencia que tenía el atentado: "Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM"


Sobre el cuerpo de Barbeito Doval, los atacantes depositaron un dibujo de Quino, en el que Mafalda, su más célebre personaje, sostenía el bastón de un policía y se preguntaba si se trataba del "palito para abollar ideologías".

Al día siguiente, el primer cuerpo de Ejército, al mando del general Guillermo Suárez Mason, adjudicó el hecho a "elementos subversivos que no tienen Patria ni Dios", en un comunicado que fue reproducido por los medios.

Una misa se celebró en homenaje a las víctimas en San Patricio encabezada por el nuncio apostólico Pio Laghi. Poco después, le confesó al director del diario Herald, Robert Cox, la incómoda sensación que vivió cuando le dio la comunión a Suárez Mason: "Sentí ganas de pegarle con el puño en la cara".

La causa quedó en manos del juez Guillermo Rivarola y del fiscal Julio César Strassera, quienes, tras una serie de diligencias, dictaminaron que no se había podido determinar la autoría de la masacre, y cerraron el expediente en 1977.

Los jueces a cargo de la cuasa, dictaminaron que no se había podido determinar la autoría de la masacre, y cerraron el expediente en 1977


En 1984, con el retorno de la democracia el fiscal Aníbal Ibarra solicitó al juez Néstor Blondi el procesamiento de Romano y del comisario Rafael Fensore. Sin embargo, tres años después, la causa fue declarada prescripta por el magistrado.

Con el regreso de los juicios por la verdad durante el mandato del expresidente Néstor Kirchner, una tercera investigación judicial fue abierta por el juez Sergio Torres en el marco de la Megacausa ESMA, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores que actuaban en ese centro clandestino de detención.

En 2016, la congregación palotina anunció la decisión de presentarse como querellante en la causa de lesa humanidad.

"Desde el momento en el cual el profeta denuncia el pecado del hombre y los pueblos, su tarea se torna difícil y antipática. Y un recurso a veces utilizado es sacarlos del medio, encarcelándolos, matándolos", escribió y leyó en una homilía el padre Dufau antes de ese asesinado.

Eduardo Kimel: periodista condenado por investigar la masacre y que abrió un camino clave
El periodista y escritor Eduardo Kimel reveló en su libro "La Masacre de San Patricio" la trama de terrorismo de Estado que determinó el asesinato de cinco religiosos católicos de la orden palotina, y por esa investigación fue condenado por "calumnias e injurias" en base a una denuncia presentada por Guillermo Rivarola, el juez que instruyó originalmente en esa causa.

Tras un largo recorrido legal en tribunales nacionales y estamentos internacionales, el caso Kimel permitió que Argentina modificara en 2009 su legislación para que las expresiones sobre asuntos públicos no sean consideradas como delitos, con una norma sancionada meses antes de la muerte del periodista.

"Fue un caso emblemático que permitió que Argentina avanzara en materia de libertad de expresión y garantizara el trabajo de los periodistas. Informar sobre asuntos públicos no puede ser sancionado por un artículo del código penal. Es gracias a la gran lucha que libró Eduardo", señaló en diálogo con Télam Andrea Pochak, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representó al autor en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Kimel, quien trabajó durante muchos años en la sección internacionales de la agencia nacional de noticias Télam, escribió en 1989 una exhaustiva y rigurosa investigación sobre los asesinatos de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, de la orden de Los Palotinos, en un hecho ocurrido en la madrugada del 4 de julio de 1989.

En su investigación, Kimel formuló la hipótesis de que el crimen obedecía a una interna entre sectores las Fuerzas Armadas que tenían visiones encontradas sobre el carácter ilegal de la represión, y sostuvo que la masacre había sido perpetrada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El periodista consignó que la instrucción del caso quedó en manos del juez Rivarola, y en base al análisis de las fojas del expediente, formuló un interrogante: "¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?"

"El juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto", remarcó Kimel en este párrafo de su libro que contenía cerca de 200 páginas.

Rivarola, devenido en camarista, entabló en 1991 una demanda contra el autor de la investigación por el delito de calumnias e injurias, y se inició así un largo proceso que se extendió por una década.

Cuatro años después de haberse presentado la demanda, la jueza Angela Braidot condenó a Kimel por el delito de injurias a la pena de un año de prisión en suspenso y a pagarle al juez una indemnización de 20 mil dólares.

"Ese fallo le impidió la posibilidad de salir del país y eso afectó su desempeño profesional como periodista que cubría temas internacionales", señaló Pochak, actualmente se desempeña como subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos.

Un año después, un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones recurrió esa sentencia y absolvió a Kimel. Sin embargo, la satisfacción de esa decisión iba a durar poco.

Rivarola recurrió a la Corte, aquella que tenía "una mayoría automática" conformada por el gobierno del presidente Menem, que hizo lugar al recurso y ordenó en diciembre de 1998 que se dictara una nueva sentencia contra el periodista.

Los jueces Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome de la Cámara de Apelaciones acataron el fallo y confirmaron la condena contra Kimel, quien según esa sentencia había obrado con "dolo y falsedad" para perjudicar a Rivarola.

"Se trató de una sentencia inspirada en un espíritu corporativo. El fallo estaba firme y resolvimos presentarnos ante el sistema interamericano de justicia para revocar este fallo y modificar la legislación en materia de calumnias e injurias", señaló la letrada que representó a Kimel.

Kimel y el CELS se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó el caso ante la Corte Interamericana que, en mayo de 2008, falló a su favor del periodista y le exigió al Estado argentino anular la sentencia y reformular su legislación.

El Congreso nacional sancionó la la ley 26551, que dispuso la modificación del Código Penal, y suprimió del Código Penal los delitos de calumnias e injurias en relación a expresiones referidas a asuntos de interés público.

"Es una ley muy importante. A partir de su sanción, una injuria no puede considerarse un delito y debe haber una resolución a través de la responsabilidad civil. Es lo que sucede en la actualidad con la demanda que el presidente Alberto Fernández presentó contra Patricia Bullrich", explicó la abogada.

En los últimos años de su vida, Kimel trabajó para la agencia alemana de noticias DPA y en la radio de las Madres; murió en febrero de 2010, a los 57 años por una nefropatía.

El 10 de noviembre de 2011, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto la sentencia penal por calumnias en su contra y ratificó que las expresiones relacionadas con asuntos de interés público no configuran delitos penales.

Télam

nacionales