Cuál es el eje del amparo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales

Política 16 de abril de 2021 Por Red Online
Lo central de la presentación ante la Corte Suprema




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Minutos antes de que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegara a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Alberto Fernández, el gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema un pedido para que se declare inconstitucional el decreto que dispone la suspensión de clases presenciales en la Capital Federal.

La administración de Juntos por el Cambio sostiene que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241 viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.

 
Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad con un alto tono confrontativo, en la que emparenta la decisión del Gobierno con una suerte de intervención federal del área metropolitana.

Habla también del “fracaso de la capacidad del Estado Nacional para conseguir en el mercado internacional la cantidad de vacunas que se requieren en el país”, y sostiene que “la escuela no es un foco de contagio ni una carga para el transporte público”.

Sobre la base de esos argumentos duramente críticos de la política sanitaria aplicada en el contexto de pandemia, solicita al Poder Judicial que suspenda la decisión del Poder Ejecutivo por no estar en consonancia con las atribuciones que le confiere la Carta Magna.

El DNU firmado por el gabinete de ministros y publicado anoche en el Boletín Oficial dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive.

“Este DNU viene a subvertir el orden constitucional”, dice el texto de la acción judicial presentado por el gobierno macrista y en el que pide a la Corte que se le ordene al Poder Ejecutivo que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.

Dice que el Gobierno utiliza la propagación de la segunda ola de covid-19 como “excusa” para hacer “tabla rasa con el texto y el espíritu de la Constitucional Nacional”.

Además, califica al DNU de “arbitrario” porque obedece exclusivamente a la voluntad que detenta el gobierno nacional y considera que la suspensión de la presencialidad no es razonable porque no habría datos empíricos que demuestren su incidencia en la cantidad de contagios de coronavirus.

“Ninguna prueba o estudio ha presentado el DNU o el Gobierno Nacional para justificar la decisión adoptada con relación a un territorio que si bien es la sede del dicho gobierno, tiene en materia de Salud y Educación sus propias facultades autónomas, que no pueden verse avasallas de manera arbitraria e injustificada”, puntualiza la denuncia.

En este sentido, considera que hay una “violación de la autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires, “del principio de razonabilidad” para tomar una decisión de ese tipo y “del principio de supremacía federal”.

Finalmente sostiene que “el DNU del Gobierno Nacional viola de manera flagrante la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 5, en cuanto garantiza el respeto de las autonomías provinciales en tanto estas aseguren la educación primaria”.

También pone énfasis en que la normativa cuestionada vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional, relativos al derecho de la educación y pide que deben garantizarse la efectividad de los derechos de los niños que concurren a las escuelas públicas porteñas.

Pagina12.

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