El Estado será querellante en una causa que investiga el acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el FMI

Judiciales 09 de abril de 2021 Por Red Online
La investigación surge luego de una denuncia de la Oficina Anticorrupción. Los cargos son por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación en la administración.




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El Gobierno nacional instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación a presentarse como querellante en la causa que investiga el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La denuncia penal fue elaborada por la Oficina Anticorrupción (OA) y alcanza a una serie de exfuncionarios de la primera línea de Cambiemos que «tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos»

A través del Decreto 239/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo determinó que el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado y los servicios jurídicos de cada Ministerio se presenten como querellante en la causa N°3561/2019 «Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» que está en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de Capital Federal.

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El pasado 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Alberto Fernández había adelantado que el Estado denunciaría a exfuncionarios de Cambiemos por el crédito de 55 millones de dólares que solicitó al FMI. «Sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado», señaló ese lunes desde el parlamento.

La causa que se inició tras la denuncia del titular de la OA, Félix Crous, acusa al exmandatario nacional y nombres de la primera línea de su gestión económica por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación en la administración. La lista de exfuncionarios incluye al exministro de Economía, Nicolás Dujovne, y los expresidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.

Informe del SIGEN


El decreto fue firmado por Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ministro de Justicia, Martín Soria. Además de instruirlo a presentarse como querellante, el documento también autoriza a la Procuración del Tesoro a «iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados» y podrá promover acciones civiles en el proceso penal.

Asimismo se instruyó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que «determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada» del Fondo.

Entre los considerandos, el documento oficial señala que la denuncia de la Oficina Anticorrupción se sostiene en un informe de la SIGEN que señala que en el acuerdo entre el Ejecutivo de Macri y el FMI «no se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización de un Acuerdo Stand-By». «Los funcionarios actuantes suscribieron la Carta de Intención y los memorándums de fecha 12 de junio de 2018 sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente», afirma.

Asimismo, asegura que la firma de los acuerdos «no contó con las autorizaciones e informes exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo» al tiempo que destaca que se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio para analizar el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento.

El Intransigente

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