Se quedó sin casa por protegerse de la violencia machista. Denunciar tiene su precio

Nacionales 19 de diciembre de 2020 Por Red Online
Jessica Delgado tuvo que denunciar al padre de su hijo por violencia machista durante el ASPO. Consiguió una restricción perimetral para él y un botón antipánico para ella. Pero haberse puesto a salvo junto con su hijo ahora la deja sin la vivienda que le habían adjudicado en el proceso de reurbanización del Barrio Fraga, en Chacarita, porque su agresor es el titular de esa adjudicación. El Instituto de Vivienda de la Ciudad le dice que ahora ella "está en el aire".
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“El papá de mi hijo me pegó cuando yo estaba con el nene encima, me golpeó en la frente y al rebotar mi cabeza deslizó justo en la cabeza del nene, me asusté mucho y en ese mismo momento fui hacer la denuncia”, relata Jessica Delgado, una mujer de 22 años que vive en el barrio Fraga o Playón de Chacarita desde hace 10. Hoy es parte del proceso de reurbanización que lleva adelante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en el marco de la integración urbana de barrios populares contenida en la ley 27.453.

La ex pareja de Jessica tiene restricción perimetral y ella un botón antipánico. “Cuando fui a buscar a la policía él me dijo que el nene se iba a quedar sin mamá y sin papá, me amenazaba. Estuve desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana en la comisaría y al día siguiente fui a la OVD a hacer la denuncia, me volvieron a preguntar todo, ahí estuve nueve horas”. Después de hacer la denuncia, Jessica se comunicó con el IVC para contar lo que había sucedido ya que en Enero del 2021 se le adjudicaría una casa con quien ahora es su agresor.


Uno de los requisitos fundamentales para la adjudicación de viviendas es haber sido parte del censo realizado en el 2016, tanto Jessica como su ex pareja iniciaron este proceso de manera conjunta, desde el IVC consideran que el caso se complejiza porque se trata de una separación y la vivienda tiene que ser adjudicada a la persona que se encuentra en la casa afectada: la ex pareja de Jessica, mientras ella hace más de un mes está viviendo un calvario. “A veces desde el mismo IVC dicen ‘la gente se separa para tener dos departamentos y después se vuelven a unir’. A mí se me cayó todo abajo, la separación, la vivienda y les dije al IVC que me den la prioridad para que me mude con el nene, que no me separé de palabra, sino que tengo una denuncia, una perimetral, un botón antipánico pero me siguen diciendo que le corresponde al papá de mi hijo”, cuenta Jessica.

El IVC elaboró un programa con criterios de adjudicación de viviendas nuevas basado en un sistema de puntajes con determinados criterios. Cada criterio suma puntos, por ejemplo, tiene mayor puntaje una casa que se encuentra afectada por la traza de apertura de calles para poder realizar las obras de infraestructura de servicios básicos, que una casa que tiene peligro de derrumbe. El puntaje más alto que es de 51 puntos lo reciben aquellas viviendas que deben demolerse para poder concretar la obra, le siguen con 13 puntos las viviendas que presenten peligro de derrumbe, las familias que tengan integrantes adultos mayores, discapacitadxs, o alguna patología de salud agravada por la condición de hábitat reciben 10 puntos y viviendas con hacinamiento 8. El criterio de prioridad por violencia de género, fue incorporado gracias a la lucha que dieron las vecinas, sin embargo, es el que menos puntaje suma, solo 8.

El terreno en donde está situado el barrio solía ser una playa para maniobras del ferrocarril, las primeras personas que habitaron el lugar lo hicieron en el 2001, en Enero de este año el IVC anunciaba que mudarán a 678 familias del barrio Fraga a los departamentos financiados a 20, 30 y 40 años, en cuotas fijas que no superen el 20% del presupuesto familiar. La mesa de gestión participativa (MGP) es un espacio integrado por vecinas y vecinos del barrio, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Desde el 2018 se reúnen, según el IVC, para consensuar los criterios de adjudicación de viviendas. En este momento el caso de Jessica está atravesado por dos líneas, una es la violencia machista que denunció el noviembre pasado y la otra es la línea que corresponde a su derecho a la vivienda, que era un proceso que venía bastante avanzado.

Desde el IVC esta problemática se convierte en un enredo administrativo: como la casa está adjudicada al grupo familiar y quien está censado en la vivienda afectada es el agresor, por lo tanto, la nueva adjudicación le corresponde a él. Sin embargo, la ley 5799 de Reurbanización e Integración socio-urbana del barrio denominado “Playón Chacarita” prevé en su artículo 6 inciso D que uno de los criterios de prioridad para la adjudicación de viviendas es la violencia de género, sin embargo, cuando esto sucede lo administrativo queda por delante de la vulnerabilidad de una víctima de violencia. El IVC no brinda una solución que contemple la problemática de la violencia de género.

La ex pareja de Jessica fue censado en una vivienda afectada, mediante un procedimiento de desglose familiar, Jessica y el hijo que tienen juntes, fueron sumados al proceso de adjudicación como grupo familiar. “Estuve reclamando al IVC para que nos adelantaran el trámite porque mi hijo y yo tenemos problemas de salud, él tiene broncoespasmo y yo soy asmática. Hablé con las defensorías y lo que me dice el IVC es que a quien corresponde la vivienda es al papá de mi hijo porque él es el que está censado en ese lugar y yo no”. Lo que ahora está demandado Jessica es que la vivienda adjudicada le corresponda a ella y a su hijo, desde el IVC insisten en que no se puede realizar otro desglose, entonces ella al salir del lugar en donde estaba sufriendo violencia vuelve a una casa que al no estar afectada no le corresponde una adjudicación, en palabras de una funcionaria del IVC “queda en el aire” y entra en el terreno de la excepcionalidad.

En un año arrasado por el aislamiento social preventivo y obligatorio ¿Es excepcional que las mujeres denuncien la violencia que se incrementó con el ASPO hacia adentro de los hogares? ¿No resulta urgente atender este universo de problemáticas que tienen su núcleo en la violencia machista y que se desprenden del proceso de urbanización? Jessica no puede quedar en el aire por haber puesto su vida y la de su hijo a resguardo

“¿Qué querían?¿que me aguante la violencia para llegar a tener la casa? A mi me mostraron el departamento, ya estaba para mudarme pero ahora dicen que quedo en el aire”. Jessica tiene un derecho adquirido con respecto a la vivienda pero pareciera que haberse protegido a ella y a su hijo de la violencia machista tiene la doble vulneración de quedar sin vivienda. Su caso se está revisando en el IVC sin plazo cierto. La desesperación es muy grande y también el miedo a quedarse sin una vivienda para vivir con su hijo después de esperar tantos años. Ahora vive con su abuela provisoriamente, el único lugar donde podía ir. 

Fuente: Pagina12

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