Indignante: Los 18 genocidas prófugos que Macri ordenó dejar de buscar

Policiales 03 de diciembre de 2020 Por Red Online
Son genocidas que participaron de la represión de la última Dictadura Militar, fueron a juicio y se fugaron. Nación ofreció recompensa y reactivó la búsqueda.
macri-ordeno-dejar-buscar-genocidas-su-gestion

AvisoPlusPagos_V2_26x9

En la última semana, el Gobierno nacional puso de nuevo en marcha el Programa “Buscar”, diseñado en 2008 para capturar a genocidas prófugos de la Justicia. Diez años más tarde, ya con Mauricio Macri como presidente, no se prorrogaron las partidas y su desaparición se licuó en 2018 ante los ojos de la opinión pública con el masivo ajuste que implicó el cierre de diez ministerios, entre ellos el de Salud.
 
En los diez años en los que estuvo activo, el programa permitió la detención de 30 genocidas prófugos y facilitó el hallazgo en Tucumán de Marcos, el nieto recuperado N°128 por las Abuelas de Plaza de Mayo. Su restitución fue posible gracias a la denuncia que se radicó contra su apropiador –que tenía orden de captura- ante el Fondo Permanente de Recompensas, el por entonces nombre del plan.

Desde su reactivación hace sólo siete días, se levantaron 19 búsquedas vinculadas a miembros de las Fuerzas Armadas denunciados por delitos de lesa humanidad. Se sumaron, además, al menos otros cien prófugos, en su mayoría condenados por delitos de abuso sexual agravado, homicidio, estafa y tráfico de estupefacientes.


Luis Esteban Kyburg, el genocida suelto en Berlín.

Recompensa: $1.000.000

El ex oficial de marina se desempeñó desde el seis de febrero hasta el 26 de noviembre de 1976 como segundo comandante de la Agrupación de Buzos Tácticos con sede en la Base Naval de Mar del Plata. Luego ascendió y fue designado jefe del Departamento Personal, Operaciones y Logística de la Armada, también con sede en la Base marplatense.

Tenía 28 años cuando integró el escuadrón de la muerte, que permaneció activo hasta 1983. Se lo acusa de haber participado del secuestro, desaparición y asesinato de al menos 123 militantes políticos, sociales y estudiantiles; dos de las cuales estaban embarazadas.

La investigación que lo acorraló ante la Justicia fue la causa por la desaparición de Omar Marocchi y Susana Haydée Valor, secuestrados el 18 de septiembre de 1976. Susana, de 25 años, estaba embarazada de tres meses y, según los cálculos de Abuelas, su hijo debió haber nacido entre marzo y abril de 1977. Los tres siguen desaparecidos.

En el año 2013, cuando comenzó la causa, Kyburg logró esquivar a la Justicia y se radicó en Alemania, país del que también es ciudadano. El destino elegido no fue casual: la Justicia argentina reclama desde el año 2015 -en el que se confirmó que se encontraba viviendo en el barrio Friedrichshein de Berlín- su extradición.

Nueve de sus compañeros militares fueron condenados en 2016 a prisión perpetua, entre ellos Rafael Guiñazú, su jefe de Buzos Tácticos. Este año, ante la negativa del Estado alemán, la agrupación HIJOS realizó un escrache en el barrio en el que vive el genocida y el abogado César Sivo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, contactó a la organización European Center for Constitutional and Human Rights y radicaron en conjunto una denuncia contra Kyburg en la fiscalía alemana, con la expectativa de que al menos sea juzgado en Europa.

Ángel Ervino Spada, el torturador de “La Escuelita”


Recompensa: $500.000

Es el ex capitán del Ejército y jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte N°29 –conocido como RIM 29- de Formosa. Se fugó el 25 de junio de 2013, un mes antes de que comenzara el juicio oral en el que iba a ser juzgado junto a nueve de sus compañeros por crímenes de lesa humanidad. La fiscalía había solicitado en dos oportunidades su detención, pero ambos pedidos fueron rechazados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa.

Spada iba a ser juzgado por privación ilegal de la libertad y tormentos a al menos 80 víctimas del centro clandestino de detención que funcionaba bajo la órbita del RIM 29 en el Destacamento Policial Rural de San Antonio, conocido como “La Escuelita”. Se le atribuye el delito de asociación ilícita en concurso real con privación ilegítima de la libertad en 74 casos, al tiempo que se lo responsabiliza por tormentos agravados en 43 casos. Además, se lo acusa de haber participado de forma directa en la desaparición de cuatro personas.

El 13 de noviembre de 2013, cinco meses después de la fuga de Spada, fueron condenados seis de sus subalternos:

 Juan Carlos Camicha, suboficial mayor. Fue encontrado coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, de privación ilegítima de la libertad agravada en 74 hechos, tormentos agravados en 43 y tormentos agravados seguidos de muerte en calidad de coautor en cuatro casos. Condenado a 25 años de prisión.
Los policías retirados José Medina, Sergio Gil, Luis González y Félix Oscar Romero. Cumplieron funciones en la Sección Cuatrerismo de la Policía Provincial de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, ubicada en el barrio de San Antonio, en donde funcionó “La Escuelita”. Fueron encontrados coautores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada en once hechos, tormentos agravados en once y tormentos agravados seguidos de muerte en dos casos. Todos fueron condenados a 25 años de prisión.
Mario Osvaldo Sosa, comandante retirado de Gernarmería, oficiaba de escriba en los interrogatorios y fue encontrado coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada en 12 hechos, tormento agravado en 12 hechos y tormento agravado seguido de muerte en tres casos. Fue condenado a 18 años de prisión.
Faustino Blanco Cabrera, médico. Se desempeñó en el RIM 29 y fue encontrado coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y tormentos agravados en calidad de partícipe necesario. Fue condenado a siete años de prisión.
Ernesto Hugo Kishimoto, militar retirado. Fue encontrado coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y de privación ilegítima de la libertad agravada en dos hechos. Fue condenado a siete años de prisión.


Juan Carlos Vázquez Sarmiento, torturador y apropiador
Recompensa: $500.000

Suboficial mayor de la Fuerza Aérea, conocido como “Colorado”, trabajó como auxiliar de Inteligencia en la Regional “Buenos Aires” durante 1977 y 1978. La Justicia lo acorraló después de la identificación de Ezequiel Rochistein Tauro, el nieto restituido N°102 por Abuelas de Plaza de Mayo.

Permanece prófugo desde el 4 de marzo de 2002, cuando supo que lo estaban investigando por la apropiación del bebé que se presume nació el primero de noviembre de 1977 en la ESMA. Sus padres, María Graciela Tauro y Jorge Rochistein, fueron secuestrados en mayo de ese mismo año en Hurlingham y detenidos de forma ilegal en la Mansión Seré.

María Graciela cursaba el cuarto mes de embarazo y fue trasladada a la ESMA para parir. De acuerdo al testimonio de otros detenidos, fue asesinada luego del parto. Vázquez Sarmiento y su mujer, Stella Maris Emaldi, se apropiaron de la criatura; identificada recién en el año 2010 tras la toma de ADN compulsiva que se llevó adelante por la negativa del por entonces joven de 32 años de realizarse de forma voluntaria el estudio genético.

Héctor Mario Schwab, mano derecho de Bussi y “financista” de Cecilia Pando
Recompensa: $500.000

Ex teniente coronel y funcionario del represor e interventor de facto de la provincia de Tucumán, Antonio Bussi. Fue imputado por la desaparición de Carlos Rocha, detenido de forma ilegal el 27 de abril de 1977 cuando trabajaba en una obra supervisada por Schwab.

Evadió a la Justicia durante años y en democracia se convirtió en un empresario de seguridad privada. Fundó en 1998 la empresa Scanner SA y tres años más tarde fue contratado por Movicom. Fue despedido de la empresa por las denuncias de amenaza y extorsión realizadas contra trabajadores tercerizados.

Impulsó y apoyó a Cecilia Pando en la gesta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Argentinos, agrupación de la que participa también su hija Pía Schwab. Además, le dio trabajo en su empresa Scanner SA al marido de Pando, el mayor retirado Rafael Mercado.

Fue detenido en el año 2003 por el juez español Baltasar Garzón. En 2008, cuando la Justicia argentina lo citó para tomarle declaración por la desaparición de Rocha, se dio a la fuga. Tiene pasaporte suizo y una red de contactos en Miami. Sigue prófugo.

Horacio González Llanos, el genocida de la Base Naval de Mar del Plata
Recompensa: $500.000

Prófugo desde junio de 2013, un mes después de que el juez Santiago Inchausti, del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, ordenó su detención y la de otros 18 marinos y dos policías por haber participado de crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata. Se los acusa de haber torturado y desaparecido a 154 víctimas.

Se desempeñó como miembro de la Escuela de Submarinos, que pertenecía a la Fuerza de Tareas 6, un nucleamiento de unidades militares de la Armada y la Prefectura Naval. Los vejámenes de la Fuerza fueron acreditados en dos juicios orales y públicos.

José Luis Piedra, el secuestrador de la modelo Marie Anne Erize que “pidió disculpas” y se fugó
Recompensa: $500.000

Prófugo desde 2011, después de que el ex militar Jorge Antonio Olivera –quien también se fugó en julio del 2013 del Hospital Argerich tras su condena por delitos de lesa humanidad y fue capturado cuatro años más tarde escondido en el baúl de un auto de la casa de su familia en San Isidro- lo sindicara como el autor del secuestro y desaparición de la modelo de 24 años y militante de Montoneros Marie Anne Erize, el 15 de octubre de 1976 en San Juan.

De acuerdo a la declaración indagatoria de seis horas ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, Olivera aseguró que Jorge Pedro Rodolfo Wagner –coronel retirado, prófugo de la Justicia argentina y detenido en marzo de 2016 en Madrid- y José Luis Piedra fueron los responsables del secuestro de Erize. Ambos formaban parte de la Sección Operaciones de Mendoza, pero según Olivera “vinieron a San Juan a buscarla”.

El represor aseguró, además, que Piedra incluso le pidió disculpas en dos oportunidades por el procesamiento por el secuestro. “Le dije que era un cobarde”, aseguró. Olivera presentó los números de documento de Wagner y Piedra, así como sus domicilios y números de teléfono. Wagner fue detenido cuatro años y tres meses más tarde en España, mientras que Piedra continúa prófugo.

Miguel Ángel García Moreno, el diputado genocida
Recompensa: $500.000

El teniente coronel, condecorado en 1977 por su actuación “en combate”, se fugó en enero de 2008 de su piso ubicado en el barrio porteño de Belgrano, después de recibir la citación del juez federal Alcindo Álvarez Canale, por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca, ubicado detrás de los cuarteles del V Cuerpo del Ejército.

Pasó a retiro en el año 1980 y fue asesor del ex diputado porteño Miguel Ángel Toma, luego diputado nacional, legislador porteño y director del Registro Nacional de las Personas durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Once de sus camaradas del Ejército fueron condenados a prisión perpetua en el juicio que lo iba a tener como uno de los acusados. Sigue prófugo.

Fernando Federico Delgado
Recompensa: $500.000

En la madrugada del 3 de noviembre de 1975, el por entonces diputado provincial por San Juan Ramón Pablo Rojas fue asesinado a balazos cuando salía de la casa de su amante. En 2016, el Ministerio Público Fiscal pidió que se considere el homicidio de Rojas –padre del ex gobernador Juan Carlos Rojas- como delito de lesa humanidad y se ordenó la imputación de integrantes de la agrupación de derecha Concertación Nacional Universitaria. Delgado fue uno de ellos, pero se fugó antes de que le llegara la citación judicial.

Carlos Alberto Arroyo
Recompensa: $500.000

Se fugó el 6 de mayo de 2013, antes de ser juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca por su participación en un doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, asesinados en su departamento el 14 de noviembre de 1976.

Arroyo ya había sido procesado en octubre de 2010 por el entonces fiscal bahiense Abel Córdoba por los asesinatos y debía presentarse a un control en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, dado que gozaba del beneficio de la excarcelación, pese a los dos reclamos de la fiscalía que fueron desestimados por el Tribunal.

“En horas de la noche, integrantes de la ‘Agrupación Tropa’ y personal militar que revistaba en otras unidades rodearon la manzana, establecieron un cerco, evacuaron el edificio y atacaron el departamento en el que estaban Hidalgo y Souto Castillo”, describió el fiscal.

Arroyo prestaba servicios en la Compañía Comando del V Cuerpo del Ejército y fue condecorado con la medalla de oro “al heroico valor en combate” y con un diploma de honor por el dictador Jorge Rafael Videla. Se fugó antes de que pudieran juzgarlo.

Alberto Horacio Silva, Jorge Linares y Héctor Adán Giménez: los represores de Mendoza
Recompensa: $500.000

Fueron procesados por delitos de lesa humanidad en 2012 por el juez subrogante Eduardo Ariel Puigdéndolas, a cargo del Juzgado Federal de San Rafael. Ese mismo día, el magistrado libró la orden de captura internacional. Se les imputan los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía, privación abusiva de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita, violación y robo agravado a 63 víctimas.

Roberto Carlos Brunello, genocida violador de Bahía Blanca
Recompensa: $500.000

El ex teniente permanece prófugo desde el 22 de noviembre de 2013, después de que fuera imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura en la causa que investiga el accionar del V cuerpo del Ejército.

Participó de la compañía Combate Mayor Keller y el 29 de julio de 1977 se sumó a la división Agrupación Comando y Servicios del Estado Mayor de Directores. El Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca le imputa los siguientes delitos:

Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas.
Secuestro y aplicación de torturas a treinta víctimas.
Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas.
Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de tres víctimas.
Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.


Eduardo Rebechi, César Heriberto Peralta y Carlos Gabriel Jesús Isach: civiles y represores de Rosario
Recompensa: $500.000

El Gobierno extendió en julio la recompensa para capturar a tres represores en el marco de causas por delitos de lesa humanidad perpetrados en Rosario. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, renovó el ofrecimiento económico a cambio de quienes aporten datos que permitan su detención.

Rebechi e Isach son buscados por haber sido personal civil de inteligencia en Rosario, mientras que Peralta fue comisario de la Policía en Santa Fe.

Jorge Luis García, el torturador de la Unidad 9 de La Plata
Recompensa: $500.000

Torturador de la Unidad 9 de La Plata. Su alias era “Monona” y permanece prófugo desde el 8 de mayo de 2006, tres días después de que el juez federal Manuel Humberto Blanco ordenara su detención en el marco de la causa que investiga homicidios, secuestros, torturas y tormentos en la unidad carcelaria.

César Heriberto Peralta, “La Pirincha” de Rosario
Recompensa: $500.000

Conocido como “La Pirincha”, fue un represor de la patota de Faced que actuó en el Servicio de Informaciones de Rosario. Tiene pedido de captura ordenado por el juez federal Marcelo Bailaque, quien le imputa 29 delitos de lesa humanidad.

En agosto de 2016 la Policía de Seguridad Aeroportuaria creyó haberlo detenido en las cercanías de Bariloche, luego de una persecución que terminó en un tiroteo. Sin embargo, una semana después se determinó que el hombre aprehendido no era Peralta, sino un ex agente de la Bonaerense de apellido Ponce, que también era buscado por una causa de tortura seguida de muerte en un caso ocurrido ya en democracia.

Emilio Alberto Rimoldi Fraga, el represor que cayó por el archivo de su superior
Recompensa: $500.000

El juez federal Manuel Blanco procesó en junio de 2013 a seis ex policías que formaban parte de la patota que operaba a través de la Delegación de la Federal en La Plata y que participó de la represión a la columna 27 de Montoneros.

Rimoldi Fraga permanece prófugo desde mayo de ese mismo año, después de que el Grupo Especial de relevamiento documental del Ministerio de Seguridad analizara los archivos de la Fuerza y encontrara “condecoraciones” por tortura a muchos ex oficiales, entre ellos un hombre que se desempeñaba hasta el momento de su detención como custodio en Comodoro Py.

*Si podés aportar datos sobre el paradero de los prófugos, hacé la denuncia de forma anónima al 134

Fuente: Infocielo

nacionales

Boletín de noticias

Te puede interesar

Powered by DaysPedia.com
Hora Actual en Buenos Aires
075124pm
lun, 12 de octubre