Perotti no descarta reformar el sistema judicial tras el escándalo de los fiscales y la mafia de los casinos

Provinciales 04 de agosto de 2020 Por Red Online
"Hay que hacer retoques porque no funcionaron las alertas tempranas", adelantó el ministro de gobierno, Esteban Borgonovo.
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El escándalo que generó los vínculos estrechos de dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación -MPA- con una organización dedicada a regentear casinos ilegales y a la extorsión, dejó expuesto algunos flancos débiles del sistema judicial penal diseñado por el socialismo para enfrentar el crimen organizado.

La oscura trama se empezó a ventilar a fines de la semana pasada cuando un empresario del juego, que era buscado por administrar una red de garitos, se entregó en calidad de arrepentido y contó con detalles los encuentros y las coimas que tuvo que pagarle a los fiscales Ponce Asahad y Patricio Serjal a cambio de protección jurídica.

Lo más delicado es que Serjal era el jefe de los fiscales del sur provincial desde el 2017 a pesar de que su designación fue cuestionada por algunos diputados del oficialismo y de la oposición del entonces gobernador Miguel Lifschitz.

A pesar de haber tenido conductas más que polémicas como fiscal de grado y de haber mostrado una performance bastante baja en el concurso de oposición y antecedentes, el socialista igualmente avanzó con el pliego en la Legislatura que lo terminó aprobando.

Ahora, este escándalo sacudió los cimientos del sistema acusatorio que delineó el socialismo durante el gobierno de Antonio Bonfatti y se terminó de implementar durante la gestión de Lifschitz para hacer frente a la ola de violencia extrema y el crimen organizado que desbordaron al viejo modelo inquisitorio.

Con la implementación del Ministerio Público de la Acusación los expedientes se agilizaron considerablemente y se llegó a un alto nivel de esclarecimientos y condenas de los delitos, aspectos fundamentales y muy positivos para las causas penales.

El punto flaco al que apunta Perotti es al procedimiento de designación y sobre todo, un mecanismo que encienda las alarmas por las conductas improcedentes de los funcionarios judiciales: "hay que hacer retoques en el sistema porque no hubo ninguna alerta temprana", sostuvo el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo.

"Un fiscal que actúa de esta manera no puede estar al frente de ninguna función pública", expresó el ministro a medios locales y recordó que en el Ministerio Público Fiscal ya hay cuatro fiscales que están siendo investigados.

Como trasfondo político de este affaire aparece la aceitada alianza que selló Lifschitz con un puñado de senadores del peronismo que le permitió aprobar las leyes sin demasiados sobresaltos durante todo su mandato.

La designación de Serjal como fiscal regional y la de su amigo Ponce Asahad, ambos comprometidos en la causa de coimas, solo se entiende si se lo ubica en el contexto de este acuerdo político que además, le complicó el inicio de la gestión a Perotti durante los primeros meses de gobierno. Vale recordar que la Ley de Emergencia Económica se aprobó bien entrada la pandemia, en gran medida por la resistencia que encontró el proyecto en algunos senadores peronistas.

Por lo pronto, Serjal presentó su renuncia como fiscal regional y de grado este lunes mientras que el martes, el senador Raúl Gramajo, presidirá la Comisión de Acuerdos donde se escucharán los cargos contra Ponce Asahad por parte de la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich y el diputado Carlos del Frade asistirá como acusador:

"Solicitaré y creo que habrá un respaldo absoluto para que se suspenda en las funciones a las personas involucradas", adelantó a LPO el senador Gramajo quien aclaró que luego, "el dictamen tiene que estar aprobado por ambas Cámaras".

Por su parte, los fiscales la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación enviaron a la Comisión de Acuerdo de la Legislatura un escrito donde le recuerdan que ya pesaban sobre Serjal graves cuestionamientos que no habían sido tratados en su momento y sostienen que el fiscal "carece de la idoneidad ética requerida" para ocupar la jefatura regional. 

Fuente: LPO

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