Alberto hace un gesto a la Iglesia y permitiría que las clínicas privadas se nieguen a practicar un aborto

Política 08 de febrero de 2020 Por
El proyecto del gobierno para legalizarlo contemplaría la objeción de conciencia institucional, que no formó parte del rechazado en 2018. La iglesia hará su misa de rechazo el 8M. El 19F hay pañuelazo verde.
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Alberto Fernández evalúa incluir en el proyecto de ley para legalizar el aborto la "objeción de conciencia institucional", que en los hechos permitiría que una clínica privada se niegue a practicarlo sin percibir sanciones.

La idea fue anticipada por el ministro Ginés González García a sus colegas de las provincias durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), confirmaron a LPO dos de los presentes. Fue después de confirmar que el proyecto llegará al Congreso pese a la reacción del Papa Francisco durante la visita el presidente. Nadie abrió la boca.

La objeción de conciencia institucional sería un gesto del presidente al sumo pontífice porque evitaría conflictos en las clínicas vinculadas a la iglesia, como el Hospital Austral o las sociedades de socorros mutuos que hay en el país.

Los obispos la habían pedido en el debate legislativo por la interrupción del embarazo (IVE) de 2018, cuando presionaron al secretario de Culto Santiago de Estrada para aprobar rápido una ley de cultos que habilite a los fieles a excusarse de una carga pública si afecta sus creencias y rituales. Los médicos estarían alcanzados. 

En 2018, los diputados implementaron una objeción de conciencia para los profesionales, pero las instituciones debían garantizar el aborto. Sin esta obligación, las clínicas cercanas a la iglesia no serían presionadas a realizar la intervención. 

El proyecto nunca se debatió en comisión pero los diputados que buscaban los votos para la IVE incorporaron fragmentos al dictamen y sumaron una treintena de votos que unas semanas después les permitieron aprobarla en el recinto.

En el artículo 11 la objeción de conciencia fue contemplada pero reducida a los profesionales y con la expresa obligación de los centro de salud de garantizar el aborto a quien lo requiera en no más de cinco días. 

Debían tener una lista de médicos "objetores" y otra de sustitutos para esos casos, pero el último párrafo dejaba claro que ningún sanatorio podía negar la intervención en mesa de entradas. "Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario", señalaba. 

Durante su exposición ante los alumnos del Instituto de Estudios Políticos de París, Alberto confirmó que el proyecto llegaría en marzo y dio a entender que los hospitales públicos serían los únicos sujetos obligados. 

"Voy a enviar al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto y que permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública", precisó. No mencionó a los privados y en la letra chica deberá definir si los médicos de los hospitales pueden alegar una objeción de conciencia, como amenazaron muchos en 2018 en campañas de redes sociales, bajo la consigna "Conmigo no cuenten". 

Las organizaciones que integran la ONG Provida conocen la novedad pero en el Episcopado lejos estuvieron de conmoverse: el 8 de marzo realizarán en la Basílica de Luján una misa por el día de la mujer con el llamado a rechazar el aborto, según anunció un comunicado firmado por el presidente monseñor Oscar Ojea, de buen diálogo con Cristina Kirchner; y el cardenal Mario Poli, sucesor de Bergoglio en la Catedral porteña. 

Con su temprana actitud combativa la iglesia intenta ganarse un lugar en el debate que en 2018 le cedió a los evangélicos, activos en las calles desde el primer día. Las agrupaciones católicas se movilizaron recién después de aprobarse la ley en Diputados y en la madrugada del 9 de agosto algunas festejaron el rechazo del Senado con fuegos artificiales. El sofisticado cotillón tomó por sorpresa al resto de los cultos.

Los poroteos de las organizaciones celestes y verdes, con oficinas en las inmediaciones del Congreso que  nunca cerraron y pronto funcionarán full time, coinciden en que la ley podría aprobarse en Diputados y en el Senado hay paridad, aunque con unos votos arriba por el sí.

La esperanza celeste es José Mayans, jefe del bloque de senadores del Frente Todos y activo militante por las dos vidas. Su primer round lo tendrá en la sesión preparatoria del 21 de febrero, cuando por pedido de Alberto deberá tratarse el pliego de Marisa Graham como defensor del niño y el adolescente.

Los provida no la quieren porque alguna vez se expresó a favor del aborto, posición que no fue tenida en cuenta durante el concurso público que ganó y luego Diputados la votó a mano alzada, por una maniobra de los verdes avalada por Emilio Monzó.

Una de las promotoras de su nombramiento definitivo es la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicejefa el bloque Todos y una de las preferidas de Cristina Kirchner. Protagonizará un duelo con su jefe que se repetirá cuando llegue el proyecto de la IVE.

Contará con un masivo respaldo popular sólo dos días antes, el 19 de febrero, fecha elegida para otro pañuelazo verde frente al Congreso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una asociación de ONGs que militaron por la norma durante 15 años y en 2018 celebraron la victoria en Diputados con una multitud en las calles.  

El 19F de ese año habían sorprendido con una movilización masiva y creen que ese día obligaron a Mauricio Macri a habilitar el tratamiento del proyecto que nunca fue ley. Intentarán reeditarla, por si Alberto cambia de idea. 

 Los senadores peronistas Mayans y Closs.
Ginés aseguró a sus colegas de las provincias que nada de eso pasará pero mantiene la letra fina del texto bajo siete llaves. Por pedido de Gustavo Beliz, de históricos vínculos con la curia, no estaría acompañada por medidas para garantizar el embarazo de mujeres de bajos recursos, que serían incluidas en un proyecto aparte. 

Lo llaman "el pan de los 1000 días" y una de sus promotoras es Fabiola Yañez, la pareja de Alberto, con agenda propia en el país y en las giras presidenciales. El presidente le anticipó este proyecto a los evangélicos cuando los recibió en la Rosada con la esperanza de aflojar su belicosidad, pero los pastores le aclararon que volverán a inundar las calles de telas celestes. 

Otra de las interesadas en combinar la legalización del aborto con la "maternidad vulnerable" es Vilma Ibarra, militante de la causa y secretaria legal y técnica de la Nación, con la tarea nada menos que de escribir las medidas oficiales de Alberto. Debería redactar dos proyectos.

Otro de los desafíos del ministro de Salud es que as provincias cumplan con el protocolo del aborto para los casos que ya son legales que implementó ni bien asumió y fueron ratificados por un fallo de la Corte Suprema. Pero en muchas provincias se resisten a aplicarlo y nada diferente ocurriría si la hay una ley que habilita y regula la práctica. 

"Si este protocolo se cumpliera, no haría falta otra ley porque una mujer podría alegar daño psicológico. Pero algunos centros de salud se niegan expresamente", explicó a LPO un ex ministro de Salud y activo militante verde. La división entre las obligaciones de las instituciones públicas y privadas podría aclarar derechos y obligaciones y terminar con estas rebeliones. 

El otro dilema es sobre el concepto de "despenalización" que Alberto utilizó en París y trajo otra vieja polémica sobre si es lo mismo quitar una pena que otorgar derechos. Nadie se siente cómodo en este debate leguleyo: los verdes dicen que sólo una legalización de hecho puede regularizar la práctica; y los celestes que lo no prohibido está permitido y si el aborto es matar a una persona, como sostienen, debe ser penado. 

"Les dimos cuatro años de prisión a los organizadores de carreras de galgos para que el delito no sea excarcelable. No podemos despenalizar la muerte de un niño por nacer", se impuso ante representantes de la iglesia Graciela Camaño en 2018, cuando fue una celeste con poco micrófono y mucha rosca. Pronto volverá a la acción. 

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