El ministro de Desregulación y Transformación del Estado consideró que la ley Bases, que este lunes se reglamentó en parte, «constituye la respuesta del Presidente Javier Milei al mandato que recibió en las urnas». La reglamentación persigue «tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas».

El Gobierno reglamentó este lunes el primer tramo de la Ley Bases que se refiere al Título II de Reforma del Estado, que avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público.

Para explicar el decreto 694/24, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, utilizó la red social X para explicar de qué se trata lo publicado este lunes en el boletín Oficial. Según el funcionario clave en la elaboración de la ley Bases, se trata “en particular de aquellos aspectos que persiguen tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas”.

De acuerdo al ministro, “la explicación requiere detallar los cambios registrados en tres instrumentos: las facultades delegadas, la ley de empleo público y la ley de procedimientos administrativos” y le dedica un posteo a cada ámbito que toca la desregulación del Estado, con “los cambios e implicancias fundamentales en cada uno”.

Para fundamentar los artículos reglamentados, Sturzenegger consideró la ley Bases “constituye la respuesta del Presidente Javier Milei al mandato que recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso Nacional”. Y detalla punto por punto:

MOTOSIERRA

“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos. Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70/23. Autoriza también la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la ley 23.696. Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados. El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación”.