EPE: senadores justicialistas piden rever "exorbitante aumento"

Provinciales 17/03/2016 Por
El impacto del nuevo cuadro tarifario afectará a miles de empresas que no podrán hacer frente a las subas que en algunos casos superan el 350 por ciento.
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El Bloque de Senadores Provinciales del Partido Justicialistas, por iniciativa de Rubén Pirola (Las Colonias), solicitó a al Poder Ejecutivo que, a través de la Empresa Provincial de la Energía, aplique beneficios directos y revea el exorbitante aumento de las tarifas eléctricas, que afectará el normal desempeño de las industrias santafesinas impactando duramente en su estructura de costos y en la economía de nuestra provincia así como los usuarios residenciales y que se dio como producto del sostenido incremento en los últimos ocho años por la EPE y la reciente quita de subsidios por parte del gobierno nacional.

El proyecto de comunicación fue elaborado ante el reclamo de los miembros de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Esperanza que analizaron los aumentos y advirtieron que el impacto afectará a miles de empresas que no podrán hacer frente a las subas que en algunos casos superan el 350 por ciento.

Los legisladores sostienen que mediante Resolución N° 6 de este año el Ministerio de Energía y Minería de la Nación informó sobre el nuevo cuadro tarifario, a raíz de la presentación realizada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) argumentando que "el precio a pagar por la demanda de energía eléctrica en el mercado mayorista debe ser suficiente para satisfacer el costo económico de abastecerla".

Destacan los senadores que el costo de la tarifa eléctrica que paga un usuario se conforma por cuatro componentes: generación, transporte, distribución e impuestos.

El valor de la generación de energía, es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); (que es lo que aumento) mientras que el valor de transporte tiene un valor casi simbólico de $0,007 kWh según un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). En cuanto a la distribución (o VAD -Valor Agregado de Distribución), es lo que cambia de manera significativa entre jurisdicciones, porque el VAD es determinado por cada autoridad provincial, como ocurre con los impuestos locales.

 En los casos de Edenor y Edesur, que son las empresas que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (donde reside casi el 40% de los usuarios residenciales del país, según datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina -Adeera-), el costo de la distribución lo determina el Gobierno nacional a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que en general no autorizó actualizaciones del VAD en la última década. La resolución 7/2016 del Ministerio de Energía publicada el 28 de enero instruye al ENRE para que realice "un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A", pero sólo establece que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre.

En cambio la Empresa Provincial de la Energía incrementó en más de diez oportunidades sus tarifas desde el año 2008. Es decir que mientras compraba energía barata subsidiada por el Gobierno Nacional, nos la vendía cada vez más cara a los santafesinos, ya que no  trasladaba el subsidio por distribución dispuesto por el gobierno nacional a los usuarios de Santa Fe  quienes  tuvieron que pagar tarifas sistemáticamente incrementadas desde dicha fecha, sostiene el bloque justicialista.   

El aumento sostenido de las tarifas de luz permitieron a la EPE un importante crecimiento de los recursos por explotación del servicio en estos ocho años, lo que fue aprovechado por el gobierno para disminuir paulatinamente la transferencia de los aportes del tesoro provincial para el financiamiento de las inversiones y funcionamiento de la empresa en claro desmedro de la calidad del servicio.

Las conclusiones de la mesa industrial regional, apoyada en casos concretos de pymes que han visto triplicar o cuadruplicar sus costos energéticos, ponen en evidencia la gravedad de la situación financiera para hacer frente a estas facturas y su impacto en términos de costos y competitividad en todo el territorio santafesino.

Si los usuarios de la EPE han hecho en todos estos años un esfuerzo económico desproporcionado respecto a residentes de otras localidades para poder afrontar los permanentes  incrementos de las tarifas eléctricas dispuestas por la empresa prestadora del servicio público, es hora que el Gobierno Provincial, que se quedó durante ese período con los subsidios nacionales de distribución a la energía sin trasladarla a los usuarios, haga un esfuerzo que contribuya a atenuar el fuerte impacto que la misma está causando en el bolsillo de los santafesinos y en la economía provincial.

En otras palabras el aumento de tarifas eléctricas que se fundamentó en una  decisión del  gobierno nacional y aplicada de manera directa a los usuarios   de nuestra provincia, ha perjudicado a las familias santafesinas y colocado a nuestras industrias en  una situación económica tan desfavorable que de continuar así, sin lugar a dudas,  impactará en la continuidad de fuentes laborales y por ende  en la economía provincial.

Ante esta coyuntura el gobierno santafesino no debe permanecer inerte y  asumir un fuerte compromiso en materia de política pública en la prestación de sus servicios públicos, aplicando resortes y herramientas técnicas que le son propias, a fin que las decisiones nacionales en materia eléctrica,   produzcan  el menor impacto posible  tanto en aquellas personas que residen en nuestra provincia como en las industrias locales que forman parte de su economía.

Fuente: SM

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