El Gobierno desoye las críticas

Política 02 de noviembre Por
"Algunos tendrán que ceder", dijo el ministro de Hacienda ante las advertencias de los gobiernos provinciales, incluso conducidos por oficialistas, de que las medidas que impulsa Mauricio Macri perjudican a las economías regionales. El jefe de Gabinete desempolvó aquello de la "campaña del miedo" para desacreditar lo que se anticipa de los perjuicios que la reforma laboral traerá para los trabajadores.
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El gobierno nacional tomó nota de las quejas de algunas provincias frente al proyecto de reforma impositiva que recortaría beneficios a productores regionales, pero dio señales de que en el camino del diálogo no habrá muchos cambios. “Algunos tendrán que ceder”, advirtió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, durante una conferencia que encabezó junto con el jefe de Gabinete Marcos Peña. Por su parte, el jefe de ministros no solo ratificó que el proyecto de reforma laboral avanzará contra los juicios garantizados por el derecho laboral sino que sostuvo que la información que circula sobre esa iniciativa es “parte de la campaña del miedo”.

La conferencia que tuvo lugar en la Casa de Gobierno giró en torno de los proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días y algunos de cuyos lineamientos trascendieron desde los despachos oficiales. También hubo espacios para otras definiciones, como por ejemplo el nombramiento en los próximos días de un nuevo embajador argentino en Estados Unidos y la ratificación de que las centrales termoeléctricas en manos del Estado serán vendidas a manos privadas, con la excusa de la “los malos manejos” del gobierno anterior.

Peña dijo que la privatización de esos recursos clave es parte del “fortalecimiento de las políticas públicas en materia de energía” y dijo que ello “tiene que ver con un ordenamiento de Estado para tener una política más eficiente, que consideramos que no pasa por manejar esos activos”.

No obstante, el foco estuvo puesto en las reacciones que el proyecto de reforma impositiva generó en algunas provincias, como Mendoza y Tierra del Fuego. En la primera, la queja del gobierno de Alfredo Cornejo, aliado del presidente Mauricio Macri, tuvo que ver con la aplicación de un impuesto que afectaría a los productores vitivinícolas. En la segunda, la administración de Rosana Bertone encendió las alertas por la eliminación de impuestos internos para los productos electrónicos que repercutirá negativamente en los ingresos del sector de ensamblaje de smartphones, televisores y demás productos.

Para ambos, Dujovne tuvo respuesta. El tiro por elevación para Cornejo fue que la producción de vino “tiene alícuota del 0 por ciento en impuestos internos, mientras que otros productos no alcohólicos tenían impuestos bastante más altos”. La respuesta a Bertone fue que “la isla” tiene exenciones “que abarcan el impuesto a las Ganancias y al valor agregado”, y que el proyecto de reforma lo único que hará es “bajar un impuesto para favorecer a los consumidores”, que podrán comprar “computadoras y tablet”.

De todos modos, indicó el funcionario, la reforma “es una discusión que tenemos que dar, encontrando caminos de salida o de transición”. Eso sí, remarcó, “habrá algunos que tendrán que ceder un poco”.

Peña se esmeró en destacar que la respuesta al proyecto oficial en el Congreso “ha sido muy positiva” y minimizó los reclamos de los gobiernos provinciales: “Hay una discusión se acota a una partecita, que son un par de impuestos específicos que afectan algunos sectores productivos, que pueden ser el vino y los electrónicos”. No obstante, “esto de ninguna manera refleja una complicación en términos de romper el clima de diálogo y consenso general”, agregó.

En su opinión, “todas las economías regionales se ven beneficiadas con esta reforma impositiva” porque “no hay perjuicio para ninguno de los sectores”. No de manera casual vinculó este tema al fondo del conurbano y los constantes reclamos de los gobernadores por el reparto a las provincias. Sobre este tema dijo que se avanzará sobre la base de los consensos pedidos el lunes pasado por el presidente Mauricio Macri: “No gastar más de lo que tenemos, bajar la carga tributaria y bajar la inflación”, puntualizó Peña.

Luego, el jefe de Gabinete se centró en el proyecto de reforma laboral, algunos de cuyos puntos trascendieron durante los últimos días. El funcionario pidió “transmitir tranquilidad” a la sociedad porque, según dijo, ese documento fue hecho circular como “parte de la campaña del miedo” de algunos sectores de la oposición.

Dijo que desde el Gobierno “defendemos los principios del derecho laboral que protegen al trabajador” porque “lo que hubo en los últimos años fue otra cosa, un conjunto de cosas que han terminando perjudicando al trabajador”. No explicó cuáles, pero apuntó contra uno de los blancos preferidos del Gobierno y el sector empresario: “La mafia de los juicios laborales que perjudican enormemente a las pequeñas y medianas empresas”, dijo.

Luego negó que se impulse ponerle límites a las indemnizaciones por despido, aseguró que no se eliminarán las licencias ni vacaciones, admitió que hay “un porcentaje muy elevado de trabajadores en la informalidad” y puntualizó que los problemas laborales son producto “de un sistema educativo que reproduce desigualdades y eso se traduce al sistema laboral”.

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