Procesaron a Gils Carbó por administración fraudulenta

Nacionales 13 de octubre Por
El procesamiento fue dictado por el juez federal Julián Ercolini. Se investigan supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General y una comisión que cobró el hermano de un subdirector del organismo. A Gils Carbó se le trabó embargo por 7 millones de pesos.
garbo

La procuradora general Alejandra Gils Carbó fue procesada ayer por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini en la causa por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la Procuración.
"La procuradora fue considerada coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", informaron fuentes judiciales que indicaron, además, que sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 7 millones de pesos.
El edificio, donde funciona actualmente la sede principal de la Procuración y el despacho de Gils Carbó fue adquirido a la empresa Arfinsa Argentina Financiera SA, en una operación en la que intervino la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores SA.
La empresa Jaureguiberry cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, suma que para el juez era "exorbitante", algo "totalmente inusual en el mercado inmobiliario".
De la comisión percibida por Jaureguberry, 3 millones fueron para Juan Carlos Thill, "persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de antecedentes en el mercado inmobiliario", medio hermano de Guillermo Alfredo Bellingi, un subdirector de la Procuración que intervino en la licitación, de acuerdo con la acusación.
El juez Ercolini también procesó por la maniobra a Thill, Bellingi, Bárbara Jaureguberry y a Adrián Fischer, ejecutivo de Arfinsa Argentina Financiera SA, la empresa que se desprendió del edificio que adquirió la Procuración.
Para el juez "existen pruebas suficientes para afirmar" que los imputados "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública", es decir, que direccionaron la licitación.
Apenas había sido convocada a indagatoria, la funcionaria salió a dar entrevistas rechazando las sospechas en su contra y minimizando su rol de imputada, al subrayar que el propio presidente Mauricio Macri asumió su cargo en el Ejecutivo procesado en la causa de las escuchas telefónicas ilegales, en las que luego, poco después de asumir como jefe de Estado, quedó sobreseído.

Te puede interesar